Tendrá un costo superior a 538 millones de pesos
El próximo domingo 1 de agosto se realizará una llamada “consulta” a la ciudadanía que tendrá un costo superior a 538 millones de pesos. Y que busca obtener 40 millones de respuestas para que tenga validez constitucional.
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Aunque el Presidente y sus cuatrotés insisten en venderla como “la consulta para juzgar a los expresidentes”, la realidad es que estamos ante un nuevo embuste: Ni es consulta, ni es para juzgar a nadie, ni se refiere a los mandatarios recientes que mencionan los de morena.
Adicionalmente, la consulta será absolutamente inútil y representará un despilfarro imperdonable provocado por el capricho del Señor de Palacio Nacional. Si ya de por sí era una aberración inaudita la pretensión original del tabasqueño de preguntar a la ciudadanía si se aplica o no la Ley, ahora se trata de un engaño vil.
Por lo demás, es obvio que la dichosa consulta no alcanzará la participación mínima del 40 por ciento de los ciudadanos contenidos en la Lista Nominal de Electores requerida por la Constitución para que su resultado sea vinculatorio y en consecuencia obligatorio. Quedará en nada, pues; aunque seguramente seguirá siendo usada para acusar en abstracto a “los presidentes del neoliberalismo”.
Esta es La Pregunta, aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que será aplicada por mandato de ley por el Instituto Nacional Electoral, a través de 93 millones de boletas, que tal es el número de electores registrados en el Padrón Electoral (que por cierto se sabe que está a la venta).
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
¿Qué o cuáles son “acciones pertinentes”? ¿a qué se refiere lo de “proceso de esclarecimiento” y a qué “decisiones políticas” alude el galimatías? “Decisiones políticas”, pone, pero no las define. Y, con total ambigüedad, completa sobre tales decisiones, “tomadas en los años pasados por los actores políticos”. ¿Quiénes son los actores políticos?: todos. Y culmina con la afirmación de que todo lo anterior va “encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.
Esta pregunta o consulta se refiere a “las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”. Al referirse a los años pasados es algo sumamente indeterminado que podría abarcar como algunos analistas lo han considerado desde los emperadores aztecas pasando por los políticos de la nueva España, los políticos del México independiente, los políticos del México revolucionario hasta llegar al México contemporáneo.
Con esta consulta se pretende llegar a un “proceso de esclarecimiento” “de las decisiones políticas”. Esta pregunta es extraordinariamente amplia y esa amplitud lleva a una confusa ociosidad; ya que habría que analizar las decisiones políticas de personajes históricos o venerados voluntariamente o a la fuerza por quienes encabezan las actuales fuerzas políticas.
Ahora bien, esta consulta de ninguna manera tiende a enjuiciar y procesar jurídicamente a ningún personaje político y dada la amplitud de la pregunta nos tendríamos que enfrentar a juzgar a los próceres de México como Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Francisco y Madero, el mismo Lázaro Cárdenas, Adolfo López Mateos.
Esto solamente por mencionar algunos presidentes de México porque existe una enorme cantidad de gobernadores, presidentes municipales y diputados que han tenido actitudes políticas que han afectado a la Sociedad como lo que hizo Roque Villanueva al implantar el impuesto al valor agregado que perjudica a la sociedad desde hace décadas.
Por mencionar tan sólo un detalle de algún político mexicano.
Aunque a decir verdad la construcción del actual aeropuerto de la Ciudad de México se ha calificado como un error político de los años recientes que ha afectado a muchos mexicanos.
