Por: El Diablo Cojuelo
CAOS– El inicio de semana en San Luis Potosí se convirtió en un martirio vial para miles de personas. Desde las primeras horas del lunes, el tráfico colapsó las principales arterias de la ciudad debido a una mezcla de obras mal planeadas, semáforos descompuestos y ausencia de agentes viales. El caos se ha normalizado. SLP se ha transformado en una de las ciudades donde se avanza a vuelta de rueda, sin que la autoridad municipal tenga estrategia clara de movilidad. Las vialidades están saturadas, los tiempos de traslado aumentan y el estrés social se multiplica. Las soluciones son tardías o cosméticas, mientras se ignora a peatones y ciclistas. El gobierno municipal prioriza eventos y relaciones públicas, mientras deja en abandono la infraestructura vial, con calles abiertas sin señalización, trabajos inconclusos y falta de rutas alternas. El desorden en las calles refleja el desorden administrativo que padecen los potosinos.
ABANDONO– San Luis Potosí parece una ciudad que grita desde sus muros y banquetas, olvido. Los monumentos históricos están grafiteados, las calles inservibles, los drenajes colapsan y las paredes muestran pintas de protesta o desesperanza. Este abandono urbano no es reciente, pero sí se ha agudizado. No hay mantenimiento regular ni planes de restauración integral. Se ha convertido en norma que las bardas sirvan como murales del hartazgo ciudadano. En lugar de una ciudad cuidada, tenemos una urbe rota. La narrativa oficial habla de modernidad y desarrollo, pero la realidad cotidiana desmiente esa propaganda. Cada esquina deteriorada, cada alcantarilla abierta, cada bache profundo son una señal de que la capital no está siendo gobernada, sino administrada con desdén. El municipio necesita más que maquillaje: requiere compromiso con el espacio público, políticas sostenidas y presupuesto asignado con transparencia y eficiencia. Hoy, todo eso brilla por su ausencia.
INDIGNACIÓN-La relación entre las madres buscadoras y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se ha roto. El lunes, integrantes de la organización Voz y Dignidad por los Nuestros corrieron al personal de la CEDH por haber retirado las fichas de búsqueda de personas desaparecidas colocadas el pasado 10 de mayo. La líder Edith Pérez los enfrentó con dolor y enojo; “¿Les dio vergüenza o qué?”, preguntó. Las madres exigen que las instituciones muestren empatía y respeto, no solo acompañamiento protocolario. La acción de la CEDH fue interpretada como desprecio simbólico hacia sus hijos desaparecidos. En lugar de ser aliados de la causa, parecieran estorbo burocrático. Esta escena refleja el distanciamiento entre el aparato estatal y las víctimas, así como la falta de sensibilidad institucional. Las madres buscan verdad y justicia, no discursos vacíos. Lo mínimo que merece su lucha es dignidad. Hoy, ni eso han recibido.
VIOLENCIA– Los accidentes viales en San Luis Potosí siguen cobrando vidas. Cada semana hay nuevas muertes y heridos, mientras la autoridad mantiene una actitud pasiva. La infraestructura vial es deficiente, los semáforos fallan y las señales son insuficientes. A eso se suma la falta de campañas efectivas de concientización, vigilancia débil y ausencia de castigos ejemplares. Las víctimas quedan en el olvido, sin justicia ni apoyo institucional. Aunque se habla de mesas de trabajo y planes de movilidad, el ciudadano común no ve mejoras. La Ley Santi, propuesta ciudadana que busca garantizar derechos de movilidad, es un avance, pero aún está en fase de discusión. Mientras tanto, la ciudad se mantiene como un campo minado donde circular representa un riesgo permanente. La seguridad vial debe ser prioridad, no accesorio. Urge una política pública integral que incluya educación, infraestructura, legislación y sobre todo, voluntad política real.
INFLACIÓN– San Luis Potosí se ubica entre los estados con mayor incremento en la inflación anual, alcanzando un 4.3% en abril, por encima del promedio nacional. Este aumento golpea directamente a los hogares potosinos, especialmente a quienes ya viven con ingresos limitados. La canasta básica, el transporte, los medicamentos y hasta los servicios públicos se encarecen día con día, sin que existan medidas de contención efectivas. Mientras los discursos oficiales insisten en la recuperación económica, la realidad cotidiana contradice esas afirmaciones. No hay control de precios, ni subsidios eficientes, ni mejora en los salarios. La brecha social se profundiza. A la gente no le alcanza, y eso se refleja en el mercado, en la mesa y en la salud emocional. La inflación no es solo un número: es hambre, es estrés, es exclusión. Las autoridades deben enfrentar esta crisis con responsabilidad, no con evasivas.
PERSECUCIÓN– La organización Ciudadanos Observando denunció que el alcalde Enrique Galindo impulsa una campaña de desprestigio contra ellos en represalia por sus investigaciones. Acusan uso de publicidad pagada para atacarlos en redes sociales, orquestada por su jefe de prensa. El motivo sería la documentación de irregularidades en el arrendamiento de 27 vehículos oficiales, con pagos excesivos y sin claridad. El gobierno municipal niega los señalamientos, pero no presenta pruebas que refuten los datos. Esta situación enciende alarmas sobre el uso del aparato gubernamental para amedrentar a voces críticas. En lugar de rendir cuentas, el edil prefiere desacreditar. La transparencia no debería incomodar a los servidores públicos, sino obligarlos a corregir. Atacar a una organización ciudadana es una forma de represión moderna, que erosiona la democracia local. La libertad de expresión y la rendición de cuentas no pueden ser moneda de cambio política.
NARCOMENUDEO– San Luis Potosí encabeza la lista nacional de incidencia en delitos de narcomenudeo, con 36.95 casos por cada 100 mil habitantes, según el Observatorio Nacional Ciudadano. Esta cifra coloca al estado como epicentro del microtráfico en México, por encima del promedio nacional. Lejos de disminuir, el delito ha crecido un 43% en comparación con el arranque del sexenio de AMLO. La situación pone en entredicho la efectividad de las estrategias federales y estatales de seguridad. El narcomenudeo no solo representa un problema delictivo, también expone a miles de jóvenes al crimen organizado y contribuye al deterioro del tejido social. Las autoridades se limitan a hacer detenciones sin atacar el fondo: la red de corrupción, impunidad y complicidad institucional. San Luis Potosí se está convirtiendo en zona de riesgo, no por percepción, sino por datos duros. ¿Dónde está la estrategia integral para enfrentar esta crisis?
INCONSISTENCIA– La diputada Jessica Gabriela Torres López alertó sobre graves fallas en el dictamen para tipificar la violencia vicaria en San Luis Potosí. A pesar de las observaciones de colectivas y legisladoras, el texto que se votará presenta ambigüedades y lagunas que pueden hacerla inaplicable. Esta omisión legislativa es preocupante. No se trata solo de reconocer una forma de violencia específica, sino de garantizar justicia efectiva. Si el tipo penal no queda claro, se corre el riesgo de que las víctimas queden desprotegidas o, peor aún, revictimizadas. La violencia vicaria es real y devastadora, pero la falta de técnica jurídica puede convertir un avance en retroceso. El Congreso tiene la responsabilidad de legislar con precisión, escuchando a quienes viven esta violencia y a especialistas en derecho. Aprobar una ley mal hecha es tan dañino como no tenerla. San Luis Potosí no puede permitirse más simulaciones en materia de derechos humanos.
