Por: El Diablo Cojuelo
TRANSPORTE – La tarifa oficial del transporte público en San Luis Potosí es de 12.50 pesos, pero en la práctica los choferes redondean a 13 pesos con el argumento de “no traer cambio”. Esta negación sistemática del derecho al redondeo exacto constituye una forma cotidiana de abuso hacia los usuarios. Sumado a eso, persiste el manejo imprudente de las unidades y la ocurrencia frecuente de siniestros viales. La falta de capacitación, supervisión y sanción permite que el servicio se deteriore sin freno. Las autoridades del transporte parecen más comprometidas con los concesionarios que con los ciudadanos. No basta con colocar anuncios de “denuncie”, si después no hay consecuencias reales. El transporte público debería ser un servicio digno, seguro y justo, no una experiencia de maltrato diario. La tarifa debe ir acompañada de calidad y respeto. De lo contrario, es un cobro indebido y un atropello cotidiano a la dignidad ciudadana.
CALOR – La alerta por calor en México y San Luis Potosí no es una exageración: nuestro país se está calentando más rápido que el promedio global. Esto ya no es solo un dato científico, sino una realidad palpable que impacta la salud, la agricultura, el abasto de agua y la vida cotidiana. A pesar de las advertencias, las políticas públicas siguen sin tomar el cambio climático con la seriedad que exige. No hay campañas efectivas de adaptación, ni acciones contundentes para mitigar los efectos. Las zonas urbanas se convierten en hornos por la falta de árboles y sombra, mientras el campo se seca y los embalses bajan. La crisis climática exige respuestas urgentes y coordinadas, no solo discursos o tuits de advertencia. La ciudadanía también debe asumir su parte: consumo responsable, cuidado del agua, exigencia informada. El calor extremo no es pasajero: es la nueva normalidad. Y debemos adaptarnos o colapsar.
CASETA – Hay al menos 30 casetas de policía abandonadas en la capital potosina. Algunas fueron demolidas por vecinos, cansados del deterioro y del uso que se les da como refugio de delincuentes. Otras simplemente quedaron en el olvido desde hace más de una década. Estas estructuras, que debieron ser símbolo de seguridad, hoy representan todo lo contrario: abandono, impunidad y negligencia gubernamental. Las casetas vacías son testimonio del fracaso de una estrategia de seguridad basada en presencia simbólica sin planeación ni mantenimiento. Hoy, en vez de proteger, propician delitos. Es urgente que las autoridades municipales y estatales realicen un diagnóstico y definan un plan claro: demoler, reutilizar o rehabilitar, pero nunca ignorar. El espacio público debe ser seguro, funcional y vivo. No podemos permitir que estos cascarones sigan marcando el paisaje de la descomposición urbana. La seguridad comienza por recuperar el territorio y dignificarlo. Eso también es prevenir el delito.
DESAPARICIONES – La crisis de desapariciones en San Luis Potosí se agrava. El colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros denuncia que cada semana desaparecen hasta 10 personas, pero solo se localizan dos o tres. Las cifras oficiales minimizan la tragedia, mientras las fosas clandestinas y el rezago en investigaciones revelan un Estado rebasado. La impunidad es estructural: carpetas de investigación que duermen el sueño burocrático, falta de personal especializado, y una dolorosa indiferencia institucional. Las familias buscadoras hacen el trabajo que debería hacer el gobierno. La desaparición forzada o por particulares no es solo una estadística, es una herida abierta que atraviesa comunidades enteras. No hay paz posible mientras falte alguien. Es tiempo de declarar la emergencia humanitaria y activar todos los recursos del Estado para buscar, encontrar y sancionar. La indiferencia oficial es una forma más de violencia. Las madres buscan con amor, pero merecen justicia.
NACIMIENTOS – En abril de 2025, el Hospital Ignacio Morones Prieto reportó 137 nacimientos, de los cuales 135 fueron de recién nacidos vivos. Pero lo preocupante es que 43% fueron cesáreas, y se registró un parto en una menor de 15 años. Además, hubo cinco embarazos ectópicos. Estas cifras revelan una grave crisis en educación sexual y planificación familiar. La cesárea, aunque necesaria en muchos casos, no debe ser la norma. Su alta incidencia habla de problemas estructurales en la atención obstétrica. El embarazo adolescente sigue siendo un síntoma de abandono institucional: falta de información, acceso limitado a métodos anticonceptivos y entornos violentos. Los datos son claros, el Estado no puede seguir siendo omiso. Es urgente reforzar los programas de salud sexual en escuelas, centros de salud y comunidades, y dejar de lado el tabú y la moralina. La maternidad debe ser una decisión informada, no una consecuencia del abandono.
INSALUBRIDAD – Locatarios y vecinos de Avenida Venustiano Carranza denuncian condiciones insalubres en el establecimiento Dairy Queen. Desde el 7 de mayo, tras una limpieza de drenaje, basura y lodo fueron almacenados en cubetas y bolsas que siguen sin retirarse. El olor es insoportable y afecta a negocios aledaños. A pesar de esta situación, el local sigue atendiendo con normalidad, sin una desinfección adecuada. Esta omisión no solo representa una falta de responsabilidad del negocio, sino una falla clara de la autoridad sanitaria. ¿Dónde está la COEPRIS? ¿Por qué no clausura? ¿Quién permite que un local de alimentos opere en estas condiciones? El derecho a un entorno limpio es también un derecho a la salud. Las denuncias ciudadanas deben ser atendidas con prontitud. No se puede permitir que las franquicias operen con impunidad mientras los comercios locales son sancionados por menos. La higiene no es negociable. Es salud pública.
ENFERMERAS – Las enfermeras de San Luis Potosí siguen siendo el sector más mal pagado dentro del sistema de salud. A pesar de su papel fundamental en hospitales, clínicas y centros comunitarios, sus salarios siguen estancados, con jornadas extenuantes y contratos precarios. La pandemia visibilizó su entrega, pero no cambió su realidad laboral. El reconocimiento social no ha venido acompañado de mejoras salariales ni condiciones dignas. Muchas trabajan sin prestaciones, con horarios rotativos, y con una carga emocional que pocas profesiones enfrentan. El Estado tiene una deuda histórica con estas profesionales. No se trata solo de aumentar sueldos, sino de garantizarles respeto, seguridad, capacitación y estabilidad. Las enfermeras no son auxiliares, son pilares del sistema. Exigirles todo y darles tan poco es una forma de violencia institucional. La salud pública no puede sostenerse sobre el sacrificio perpetuo de las más explotadas. Es hora de cuidarlas como ellas nos cuidan a todos.
