Con 8 votos a favor, la SCJN determina que los partidos políticos pueden promover acciones de inconstitucionalidad contra la Reforma Judicial.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este martes que los partidos políticos nacionales tienen legitimación para presentar acciones de inconstitucionalidad contra la Reforma Judicial. La decisión fue tomada con 8 votos a favor y 3 en contra, consolidando un paso significativo en la revisión y control de las modificaciones legales que afectan al Poder Judicial.
El proyecto, presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, argumentaba que la SCJN es competente para conocer y resolver este tipo de impugnaciones cuando se cuestiona la constitucionalidad de normas generales. Con esta resolución, los partidos políticos ganan una herramienta clave para influir en el marco jurídico y proteger los principios constitucionales que, a su juicio, podrían verse comprometidos.
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Los ministros que respaldaron la revisión fueron Juan Luis González Alcántara Carrancá, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández. Argumentaron que el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación permite al Pleno velar por la autonomía del Poder Judicial y la independencia de sus integrantes.
Por otro lado, las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama votaron en contra, argumentando que la revisión de la reforma afectaría el proceso electoral extraordinario 2024-2025 para la elección de jueces y magistrados. La ministra Esquivel afirmó que analizar la consulta era “notoriamente improcedente” y que interferiría en actos consolidados por el Congreso.
La discusión sobre la legitimación de los partidos políticos tuvo lugar en medio de un ambiente tenso, reflejando las profundas implicaciones de la reforma en el sistema judicial. El ministro Alberto Pérez Dayán, quien votó en contra, calificó la acción como “una insensatez”, uniéndose a las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres en su postura negativa.
Ante la admisión de la consulta, la ministra presidenta Piña Hernández tendrá la facultad de decidir si concede una suspensión que podría paralizar la implementación de la reforma hasta que se emita una sentencia definitiva. Este proceso abriría la puerta a un análisis profundo y a un eventual control constitucional sobre la reforma, lo que podría marcar un precedente en la manera en que el Poder Judicial protege su autonomía frente a las decisiones del Congreso y el Ejecutivo.
Mientras tanto, las reacciones en el entorno político no se hicieron esperar. Partidos de oposición aplaudieron la decisión de la SCJN como un paso en la defensa de la independencia judicial, mientras que los partidarios de la reforma la criticaron como un intento de frenar los cambios democráticos que, afirman, buscan mayor transparencia y participación ciudadana en el sistema judicial.
Este fallo permitirá a los partidos políticos actuar como contrapesos en temas de gran relevancia, reforzando su papel en la defensa del orden constitucional y ampliando el alcance de la participación política en decisiones de gran calado jurídico.
