La presidenta asegura que el Gobierno no busca censurar redes sociales ni plataformas digitales.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió este jueves corregir o eliminar el artículo 109 de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, tras las críticas que aseguran que la redacción permitiría la censura de plataformas digitales como YouTube, Facebook o X. La mandataria afirmó que su gobierno está en contra de cualquier intento de censura y que la intención de la ley no es limitar la libertad de expresión.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum reconoció que el artículo debe aclararse para evitar interpretaciones erróneas. Dijo que no quiere “dar argumentos a la oposición” ni permitir que se piense que se busca censurar. Señaló que si hay confusión, el artículo puede modificarse o eliminarse completamente, ya que ese no es el objetivo de la iniciativa.
El artículo 109 de la propuesta establece que las autoridades podrían pedir a la Agencia de Transformación Digital el bloqueo temporal de plataformas digitales, en caso de incumplimiento de normativas. La oposición ha advertido que esta disposición abre la puerta a un posible “autoritarismo digital” y atenta contra derechos fundamentales de los usuarios.
El dictamen fue aprobado en comisiones unidas del Senado con 29 votos a favor y 9 en contra, sin abstenciones, lo que generó críticas por su aprobación en fast track. Legisladores de oposición argumentaron que no se discutió lo suficiente el alcance del artículo y acusaron que la redacción da margen a abusos de poder por parte del gobierno federal.
La polémica se intensificó luego de que la presidenta presentara la iniciativa como una respuesta a la propaganda extranjera en medios digitales. Esto, tras la difusión en México de anuncios de la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, sobre migración ilegal. Según Sheinbaum, la intención es limitar injerencias externas, pero aclaró que no se debe malinterpretar.
Diversos colectivos de derechos digitales y organizaciones de periodistas han solicitado al Congreso mayor transparencia y debate público sobre la ley. Aseguran que, sin garantías claras, el artículo 109 representa una amenaza directa a la libertad de expresión y puede usarse para silenciar voces críticas bajo pretextos administrativos o legales.
