La magistrada habría interferido en la captura de un mexicano; la tensión entre trump y el poder judicial escala.
El FBI arrestó a Hanna Dugan, jueza de un tribunal de primera instancia en Wisconsin, bajo acusaciones preliminares de obstruir la detención de un migrante mexicano identificado como Eduardo Flores Ruiz. La información fue difundida por el director de la agencia, Kash Patel, a través de redes sociales, aunque posteriormente eliminó su publicación. Sin embargo, medios locales confirmaron que la jueza permanece bajo custodia federal.
Hasta ahora, las autoridades no han precisado los cargos formales que enfrenta Dugan, pero su arresto representa una nueva escalada en el enfrentamiento entre el gobierno de Donald Trump y el Poder Judicial, que ha emitido fallos en contra de sus medidas migratorias. El caso ha provocado una fuerte polémica, ya que se trata de la primera detención de una jueza en ejercicio bajo estas circunstancias.
El contexto legal incluye decisiones judiciales que limitan la capacidad del Ejecutivo para ejecutar deportaciones inmediatas. Una de las medidas más controversiales ha sido la aplicación de una ley del siglo XVIII —la Ley de Enemigos Extranjeros— para justificar detenciones masivas y traslados forzados de migrantes a El Salvador. El Supremo ya intervino para frenar temporalmente estas prácticas.
La Casa Blanca ha acusado a jueces federales de actuar “de forma subordinada”, mientras que organizaciones como Human Rights Watch califican las deportaciones como “desapariciones forzadas”. Más de 200 migrantes, principalmente venezolanos, han sido enviados al Cecot, un centro penitenciario en El Salvador señalado por abusos a derechos humanos.
Trump justifica estas acciones alegando vínculos entre los migrantes y pandillas como la MS-13 y Tren de Aragua, recientemente catalogadas como grupos terroristas. Sin embargo, reportes de medios y organizaciones civiles sostienen que la mayoría de los expulsados no tienen antecedentes penales, lo que incrementa las críticas por presunta criminalización sistemática.
Estados Unidos ha formalizado un acuerdo con el gobierno de Nayib Bukele para trasladar migrantes detenidos hacia el Cecot, a cambio de una compensación anual de seis millones de dólares. La opacidad del convenio y las condiciones del penal han generado preocupación internacional sobre el respeto a los derechos fundamentales.
