La relatora especial de la ONU, Mary Lawlor, exige la liberación inmediata de 9 defensores de derechos humanos indígenas condenados a largas penas o detenidos preventivamente.
La relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, expresó su profunda preocupación por la detención arbitraria de defensores indígenas en México, destacando la imposición de largas penas de prisión y detención preventiva prolongada contra al menos nueve de ellos. En un comunicado emitido el 8 de noviembre de 2024, Lawlor demandó la revocación de las sentencias y la liberación inmediata de los activistas.
“Estos defensores no solo han sido criminalizados por sus actividades pacíficas y legítimas, sino que además están siendo sometidos a penas de prisión excesivas o a detención preventiva por largos períodos, lo que parece tener la intención de frenar su trabajo en favor de los derechos humanos”, dijo Lawlor.
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Los nueve defensores mencionados por la relatora han sido condenados a penas que van de 20 a 58 años de prisión, acusados de delitos como asesinato, aunque en muchos casos, como el de Kenia Hernández, Tomás Martínez, Saúl Rosales, Versaín Velasco, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez, Juan Velasco y Agustín Pérez Domínguez, las acusaciones se han hecho sin pruebas claras, incluso cuando los acusados no estaban presentes en el lugar de los hechos.
Lawlor subrayó que las largas sentencias son parte de una tendencia preocupante en el uso indebido del derecho penal contra los defensores indígenas, quienes, en su mayoría, son líderes de sus comunidades. Estas penas, según la relatora, buscan limitar su capacidad para proteger a sus comunidades y defender los derechos humanos.
Además, la experta de la ONU mencionó el caso de Pablo López, líder zapoteca detenido desde hace 14 años sin sentencia. En 2017, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que su detención era incompatible con el derecho internacional.
Un décimo defensor, David Hernández Salazar, fue condenado a 46 años y seis meses de prisión, pero su sentencia fue recientemente revocada. Lawlor celebró la decisión y destacó que esto demuestra que las acusaciones contra Hernández, como parece ser el caso de los otros activistas, fueron fabricadas.
La relatora concluyó su declaración haciendo un llamado al gobierno de México para que revise estos casos y libere a los defensores de derechos humanos detenidos de manera arbitraria.
