Expertos de la Barra Mexicana y la Facultad de Derecho de Stanford argumentan que la reforma judicial vulnera derechos y la independencia judicial.
La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A. C., en conjunto con el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford, han presentado un amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en las acciones de inconstitucionalidad que impugnan la reciente reforma al Poder Judicial. Este informe técnico busca proporcionar argumentos sólidos que contribuyan a la resolución del caso por parte del máximo tribunal del país.
El documento advierte que la reforma judicial transgrede las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos y apunta que la elección popular de jueces, magistrados y ministros socava el derecho de participación en la dirección de los asuntos públicos de comunidades indígenas, jueces, mujeres y otros grupos vulnerables. Además, sostiene que la medida contraviene los estándares internacionales de independencia judicial y debido proceso.
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El amicus curiae enfatiza que la SCJN tiene la facultad de revisar reformas constitucionales que afectan derechos humanos, conforme a las normas internacionales. Un ejemplo citado en el documento es el fallo de 2013 de la Corte Suprema de Argentina, que declaró inconstitucional una reforma al Consejo de la Magistratura por politizar la selección de magistrados y violar la separación de poderes.
Este informe se suma a una creciente preocupación tras la publicación de una nueva reforma constitucional el 31 de octubre, que busca limitar la competencia del Poder Judicial Federal en el análisis de reformas constitucionales.
Amrit Singh, profesora y directora ejecutiva del Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho, señaló que la reforma no solo es ilegal, sino que podría agravar los problemas de acceso a la justicia en México. Por su parte, la Barra Mexicana reafirmó su compromiso con la justicia y la defensa de la abogacía a través de este amicus curiae.
El caso se convierte en un punto crucial para la SCJN, que deberá evaluar los argumentos y decidir sobre la validez de una reforma que ha generado un amplio debate por sus implicaciones en la independencia del sistema judicial y el respeto a los derechos humanos.