La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, anunció que se interpondrán denuncias ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contra jueces que han bloqueado la reforma judicial, acusándolos de conflictos de interés y de contravenir la Constitución.
En una conferencia matutina celebrada en Palacio Nacional, Ernestina Godoy, consejera Jurídica de la Presidencia, anunció que el Gobierno federal interpondrá denuncias ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contra jueces de Distrito que han otorgado amparos contra la reforma judicial. Godoy calificó estos amparos como “improcedentes” y denunció conflictos de interés entre los jueces.
“Es clarísimo, es obvio el conflicto de interés que tienen. Este es un caso sin precedentes”, afirmó Godoy, quien subrayó que se hará una denuncia para que el CJF revise la actuación de los jueces de Distrito que, según ella, están violando la Constitución y su propia jurisprudencia. “Estos jueces pretenden erigirse por encima de la soberanía del pueblo de México y del poder reformador que está en el Congreso”, añadió.
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la decisión de presentar estas denuncias, destacando la necesidad de establecer un precedente para evitar la impunidad. “No queremos que quede en la impunidad. Hay que tener un antecedente de que una juez, que por encima de su función, está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo”, explicó.
Este anuncio se produce tras la reciente orden de la jueza Décimo Noveno de Distrito de Veracruz, Nancy Juárez Salas, quien instruyó a bajar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la publicación del decreto de la reforma al Poder Judicial. Esta reforma, que fue publicada el 15 de septiembre por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, busca la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Con estas acciones, el Gobierno federal reafirma su compromiso de seguir adelante con la reforma judicial y garantizar su implementación sin obstrucciones judiciales.
