Se llevó a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el último foro de parlamento abierto titulado “Inequidad Tributaria y el Combate a las Enfermedades Causadas por la Obesidad”
Con sedes en distintos puntos del país como Oaxaca, Puebla, Morelos y Durango, se realizó en el Palacio Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México, el último foro de parlamento abierto titulado “Inequidad Tributaria y el Combate a las Enfermedades Causadas por la Obesidad”, teniendo como marco la iniciativa presentada por la diputada Rosalinda Domínguez Flores el pasado 23 de noviembre ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para hacer una reforma al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para bebidas azucaradas.
Organizado por la diputada Cecilia Málaga Domínguez, el foro tuvo como finalidad reunir a expertos y voces de distintos actores de la sociedad, para discutir la tributación a bebidas azucaradas en el país, así como el impacto que tienen dichas bebidas en asuntos de salud pública como lo es el combate al sobrepeso y la obesidad.
La diputada de Morena refirió que la iniciativa propuesta por su compañera de escaño, Rosalinda Domínguez se trata de una adición del artículo 28 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023, por el cual se reforma el segundo párrafo del inciso G de la Fracción I del Artículo II de la Ley del IEPS, con la finalidad de que el cálculo correspondiente a dicho gravamen aplicable a la enajenación e importación de bebidas saborizadas, se calcule conforme a una tasa del 10%, en lugar de la cuota fija vigente de 1.3996 pesos por litro.
“Esto, a efecto de recuperar el fin extrafiscal que motivó la implementación de este gravamen tributario, recaudar más, ya que existe evidencia de que no se han conseguido los fines extrafiscales relativos a combatir la obesidad y el sobrepeso”, precisó.
“A 10 años de la vigencia del IEPS, era preponderante hacer una evaluación y balance sobre su repercusión positiva o negativa en la sociedad mexicana”, agregó Málaga Domínguez.
Uno de los ponentes de este foro, fue Elba Jiménez Solares, doctora en Derechos Humanos por la Universidad de Educación a Distancia en Madrid, quien precisó que como se encuentra actualmente establecida la medida del IEPS, cuyo objetivo era desincentivar el consumo de estos productos no se ha cumplido y por el contrario ha sido discriminatoria violando algunos derechos humanos, no cumple con los principios constitucionales que le rigen, que son los de proporcionalidad y equidad. En el tema práctico, se trata de una medida que termina siendo discriminatoria porque no obstante que las personas de menores recursos optan por comprar una bebida azucarada por ser de menor costo y no tener posibilidad económica de acceder a otros productos, siguen pagando el mismo impuesto que un consumidor de alto ingresos lo haría”, explicó.
Asimismo, resaltó que en el análisis profundo la norma tiene falta de proporcionalidad y legalidad, al comprometer algunos derechos humanos de la población como lo son el de la salud o a tener acceso a una alimentación nutritiva, que no se logra porque el Estado no tiene la capacidad económica para cumplir con esa responsabilidad.
En términos económicos, indicó que el esquema actual también ha vulnerado el derecho de la competencia económica al haber en México dos empresas que tienen mayor margen de ganancia, pero conservan el mismo pago de impuestos sobre la producción de sus bebidas azucaradas.
“Esta práctica va propiciando mayor concentración de riquezas y genera monopolios, que desde el punto de vista político y económico puede atentar contra la soberanía económica y convertirse en empresas predominantes que pudieran coaccionar en la toma de decisiones”.
César Armando Salazar López, investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, destacó que el Fisco hubiera alcanzado su objetivo de salud pública y ambiental más eficazmente, financiados con más recursos, imponiendo una cuota de IEPS en la modalidad de Ad Valorem como se hizo para las botanas o chocolates, a los cuales se les aplica una tasa de 8%, así como a las bebidas energizantes que se les aplica un IEPS de 25%, a las bebidas con contenido alcohólico y cerveza, dependiendo de la graduación alcohólica, el IEPS va desde el 26.5% al 53%. A decir de Salazar, debe considerarse relevante porque no se sigue un mismo principio tributario para todos los alimentos y bebidas en los cuales el Estado tiene una intención de desviar su consumo, lo cual, en principio, podría considerarse inequitativo. Finalmente expuso que, como grava actualmente el IEPS a las bebidas carbonatadas saborizadas (cuota fija por litro), las empresas productoras estarían aportando al Fisco de manera no proporcional ni equitativa con referencia a su estructura de costos, gastos e ingresos, así como sin tener en cuenta al consumidor final, quien estaría aportando desproporcional e inequitativamente respecto de sus ingresos.
Por su parte y sobre el porcentaje de los impuestos que se destinan para implementar programas de salud, José Alberto Peña de la Asociación Mexicana contra la Obesidad, refirió que mientras en otros países se emplea hasta el 9% de la recaudación fiscal, México dirige solo el 2.5%. En ese sentido, señaló la necesidad de generar una reforma al IEPS para que la recaudación de impuestos para productores de bebidas azucaradas sea equitativa, permita recaudar más y, con estos recursos, permita dar paso a programas a nivel nacional que combatan padecimientos como el sobrepeso o la obesidad de manera integral.
Finalmente, el licenciado Allan George De Abreu Fallet del Instituto Brasileño de Mercados Capitales, refirió que en México como en otros países, la tributación debe ser creada bajo el principio fiscal de neutralidad, fomentando el tratamiento igualitario para productores nacionales e importadores y evaluar el impacto que medidas como el IEPS tendrán a largo plazo para evitar que pierdan su efectividad y objetivo. Así mismo concluyó, que así como está aplicando el impuesto a tasa fija por litro en México, se está beneficiando a grandes productores, perjudicando a los medianos y pequeños productores y que, un remedio a esto, podría ser la aplicación de una tasa ad valorem, con el cual se contribuya proporcionalmente en función de los ingresos.
