Solicitan información al juez sobre cómo afectará la amnistía a Tsunami Democràtic
Las autoridades judiciales suizas afirman que «no está clara» la pertenencia a Tsunami de la secretaria de ERC, Marta Rovira, y piden pruebas de su implicación, dudan de la «proporcionalidad» de la información bancaria requerida por García-Castellón y solicitan información al juez sobre cómo afectará la amnistía a Tsunami Democràtic. Suspenden su colaboración en la causa hasta que el juez responda a estas cuestiones. Suiza ya rechazó por «política» una primera rogatoria sobre la plataforma independentista que era «muy similar» a la última petición y donde descartó el terrorismo.
La Oficina Federal de Justicia de Suiza ha respondido a la comisión rogatoria remitida el pasado 21 de noviembre por el Juez García- Castellón en la que solicitaba información sobre el paradero de la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira, y los movimientos de una cuenta bancaria desde la que supuestamente pudo financiarse a Tsunami Democràtic.
García-Castellón realizaba esta petición en un texto en el que también describía de forma minuciosa el asalto al aeropuerto del Prat, así como el intento de bloqueo de Barajas y calificaba los hechos como terrorismo.
En un escrito fechado en Berna el pasado 22 de diciembre, al que ha tenido acceso la SER, el responsable de este departamento helvético, Guillaume Rousseau, responde al juzgado que «antes de verificar» si esta petición de ayuda para la investigación tiene «carácter político», motivo por el que ya fue rechazada la primera rogatoria remitida por el juzgado en diciembre de 2019, clarifique sus dudas y suspende la tramitación de la petición hasta recibir respuesta.
De forma específica, el responsable de la Oficina Federal de Justicia suizo pide al juzgado que presente indicios de la «implicación precisa» de Rovira en Tsunami Democrátic y «más concretamente», con las agresiones que sufrieron los policías que protegieron el aeropuerto de El Prat durante su asalto, porque para la Oficina Federal helvética «no está clara la pertenencia» de Marta Rovira a la plataforma independentista, a tenor de los hechos descritos por el juez.
En su solicitud de cooperación a Suiza, el juez García-Castellón basa su acusación contra Marta Rovira en que participó en la reunión de Ginebra en la que «se planificaron las acciones más relevantes de Tsunami» sin explicar cómo llega a tal conclusión. También afirma para demostrar la implicación de Rovira que fue la «persona que más rápido retuiteó el primer mensaje de Tsunami. Tan solo tardó tres minutos en leer el tuit, retuitearlo, pensar un comentario y transcribirlo (40 palabras, repartidas en 225 caracteres con espacios). Se sospecha, por ello, que pudo estar en la reunión de Ginebra en la que se planificó y organizó la acción de TD [Tsunami Democràtic]».
El último indicio presentado por el juez y desechado por Suiza son las supuestas conversaciones a través de aplicaciones del usuario «Matagalls» o «Marta», identificados ambos como Marta Rovira por los investigadores. Matagalls informa a uno de los presuntos organizadores de Tsunami, 11 días antes del asalto a El Prat, que estaba «reclutando gente para hacer vuestra acción», aunque no hay evidencias de que fuera la misma, y el mismo día del acto del aeropuerto, supuestamente le envió otro mensaje diciéndole que felicitase a “todo el mundo”.
En cualquier caso, Suiza dice no entender por qué el juez emplea el método de cooperación jurídica internacional para solicitar la dirección de Marta Rovira, cuando pudo conocer su paradero “mediante el procedimiento simplificado” de cooperación policial, ni tampoco “qué finalidad se persigue” con la localización de la secretaria general de Esquerra, porque tampoco lo explica el magistrado.
Respecto a la solicitud de información de la cuenta bancaria que pudo servir para financiar a Tsunami Democràtic, las autoridades judiciales suizas ponen en duda la “proporcionalidad” de la medida porque las operaciones descritas por el juzgado que supuestamente fueron financiadas desde esa cuenta, tanto el asalto al aeropuerto de El Prat como el frustrado intento de bloqueo de Barajas, tuvieron lugar el 14 de octubre de 2019. Sin embargo, el juzgado solicita los movimientos en la cuenta hasta junio de 2020.
Por último, la Oficina Federal suiza pide al juez García-Castellón «y/o al Ministerio» competente que explique las posibles consecuencias de la futura ley de amnistía sobre los miembros de Tsunami Democràtic y la propia Marta Rovira, al haber conocido «por la prensa» que España prepara esta medida de gracia para «varios separatistas catalanes».
En su respuesta al juez García-Castellón, la Oficina Federal Suiza recuerda que esta comisión rogatoria del pasado mes de noviembre, después de analizarla con la «máxima atención», es «muy similar» y con «idéntica» información bancaria solicitada, a la primera rogatoria que fue enviada por el juzgado el 3 de diciembre de 2019 y ya entonces fue rechazada por el «carácter político» de los delitos invocados por el magistrado.
Para Suiza, los delitos tienen «carácter político» cuando sus autores se dirigen exclusivamente contra la organización política y social del Estado que reclama información y resulta «inadmisible» responder a la solicitud con una excepción: Que la organización investigada, en este caso Tsunami, hubiera «puesto en peligro o amenazado con poner en peligro la vida y la integridad de las personas» como con el «secuestro» de una aeronave, tomando «rehenes» o utilizando «medios masivos» de exterminio.
Una situación que para Suiza «no se cumple» en el asalto al aeropuerto de El Prat. Para las autoridades helvéticas, la «intensidad requerida» para tener en cuenta la excepción a permitir la investigación de un delito político «no se da en las presentes circunstancias».
En aquella primera respuesta, las autoridades judiciales suizas descartaron la existencia de los delitos de terrorismo o de organización criminal en Tsunami Democràtic, alegados por el juzgado de García-Castellón, porque no advertía que la plataforma tuviese como objetivo la comisión de «actos delictivos con violencia» que llevasen al asesinato, o la obtención de ingresos mediante la «extorsión o el chantaje». Suiza tampoco observó en Tsunami la «utilización de la violencia criminal» para conseguir sus fines. Un «requisito» de la legislación suiza que según sus autoridades judiciales, «no se desprende» de los hechos acontecidos en Cataluña.
