Consideran que la presencia de la Guardia Nacional en las calles hasta 2028 es necesaria para disminuir la inseguridad y «regresar la paz».
El Poder Legislativo del Estado de Durango aprobó -con 18 votos a favor, seis en contra y un voto ausente- la reforma al artículo 5º transitorio que permite la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028.
Los votos a favor fueron de los diputados del PRI, Morena, PT y PVEM. Mientras que la diputada Gaby Hernández López dijo que el PRI no le ayuda a ningún partido político o grupo parlamentario, sino que tiene el deber con la seguridad y la paz, justificando así el voto de la bancada tricolor a favor.
Los morenistas, en voz del diputado Eduardo García Reyes, reconocieron que la seguridad pública en el país pasa por una crisis que obliga a actuar de inmediato, a dejar de lado diferencias políticas y trabajar solamente por el interés nacional. También insistió en que este modelo de seguridad no se trata de una militarización.
Tal y como lo había anticipado el PAN, su voto fue en contra a pesar de la “invitación” que le hizo directamente el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a la diputada Verónica Pérez el pasado viernes en su visita Durango.
Pérez Herrera consideró innecesaria la ampliación de la presencia en la Guardia Nacional en las calles y lamentó que el Gobierno federal evada el problema de raíz y quiera prolongar una estrategia fallida.
BCS aprueba presencia de las Fuerzas Armadas hasta 2028
La XVI Legislatura del Congreso de Baja California Sur -con 14 votos a favor, 5 en contra y 2 inasistencias- aprobó la minuta con proyecto de decreto, mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones para extender hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y el refuerzo de presupuesto para la Guardia Nacional.
El Congreso de Baja California Sur aprobó la reforma el artículo 5º transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019.
La modificación expone lo siguiente: “durante los 9 años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidad e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada Permanente en materia de seguridad pública”.
La SCJN también señala que la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de Seguridad Pública deberá ser regulada, con estricto apego al orden jurídico previsto en la Constitución Política de México y los tratados internacionales.
Las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada Permanente en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades.
Diputados de Morena, PT y Fuerza por México se mostraron a favor de la minuta para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mantenga el mando de la Guardia Nacional hasta 4 años después de que finalice el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Rigoberto Mares, se manifestó en contra del proyecto de decreto. Recalcó que la discusión debía centrarse en estrategias integrales para proteger a la ciudadanía y enfatizó que el Gobierno federal tiene al Ejército realizando tareas de seguridad pública desde su primer año de gestión.
Las y los diputados que votaron en contra son: Gabriela Cisneros (Independiente), Armando Martínez Vega (PAN), Rigoberto Mares (PAN), María Luisa Ojeda González (PRD) y Blanca Márquez Espinoza (PRD).
