López Obrador debe reformar primero la constitución antes de adherir la Guardia Nacional al ejército, señala el experto.
Antes de que la Guardia Nacional (GN) se pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), primero se tiene que cambiar la constitución, explicó el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Francisco Burgoa.
En entrevista con un medio de circulación nacional,, el experto expuso que en la Constitución está establecido que el mando de la Guardia Nacional tiene que ser civil, por lo que el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador para que esto cambie iría en contra de la carta magna.
“Me resulta increíble que el presidente de la República, que protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución, al igual que las leyes que de ella emanen, pretenda pasar por alto un artículo que es muy claro cuando habla de la Guardia Nacional, que es el artículo 21″, apuntó.
En este apartado, se establece que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la GN, serán de carácter civil, disciplinado y profesional, por lo que primero se debería de abrogar esta norma antes de que el cuerpo de seguridad pueda formar parte de la Sedena.
Burgoa explicó que el Poder Legislativo, es el encargado de aprobar la reforma a la GN por lo que el cambio planteado por AMLO no se podría dar por decreto o mandato presidencial.
“El presidente de la República, con este anuncio, estaría minimizando, si no es que yendo en contra del propio Poder Legislativo Federal, porque es Congreso de la Unión la instancia a la que le corresponde conocer una iniciativa de reforma constitucional”, señaló.
Agregó que con este anuncio, el presidente está asumiendo que no vivimos en una democracia constitucional.
“Pareciera que para el presidente lo único que importa son las decisiones que él tome sin respetar la división de poderes”, declaró Burgoa.
En este sentido, el académico lamentó que el presidente ignore abiertamente estos mandatos, dejando entrever “un pensamiento totalmente dictatorial por parte del presidente de la República” dado que no hay respeto a la división de poderes.
Finalmente, Burgoa reconoció que el presidente tiene la facultad de emitir acuerdos y decretos, sin embargo, estos no pueden ir en contra de lo que mandata la constitución, por lo que si este caso llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se debería rechazar.
Para el académico, desde el punto de vista jurídico “los ministros estarían declarando la inconstitucionalidad de este acuerdo. No creo que ni (los) ministros cercanos al presidente, tengan ningún argumento que pueda sostener la constitucionalidad de un acuerdo o decreto que va en contra de lo que dice la constitución”.
