El miércoles 22 de junio, el presidente mexicano López Obrador encabezó la ceremonia para anunciar de manera oficial la apertura de archivos militares e instalaciones castrenses a la Comisión para el Acceso a la Verdad que investiga crímenes de la represión en el periodo 1965-1990. Se trató de un acto inédito y audaz que tuvo como fin principal la reconciliación nacional sin incriminaciones penales y el cierre del expediente del pasado dictatorial.
El evento ha llegado provocar la sorpresa internacional. El régimen priista fue un ejemplo de estabilidad e imagen democrática, a pesar de datos conocidos sobre actos graves de represión y de crímenes de lesa humanidad. Inclusive, el modelo del PRI quiso ser adoptado por otros países –entre ellos el PSOE de España– por sus efectos de conciliar políticas de bienestar social con restricciones democráticas.
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El punto central que pudiera definir el modelo del PRI estuvo en la reforma constitucional de diciembre de 1946 que borró la reforma educativa socialista del presidente Lázaro Cárdenas, pero a través de una nueva redacción del artículo 3 que presentó el modelo político mexicano basado en la dialéctica bienestar/democracia. Esa reforma constitucional asumió la democracia no solo como un régimen jurídico, sino que la subordinó al constante mejoramiento del bienestar de la población; es decir, planteó el dilema de democracia o bienestar. Y la respuesta social fue obvia: la aceptabilidad del bienestar por encima de las reglas procedimentales de la democracia representativa.
El régimen priista funcionó desde la consolidación revolucionaria con la Constitución de 1917 que colocó al Estado como el eje del sistema/régimen a la terminación del Gobierno priista de Enrique Peña Nieto en noviembre de 2018, y en el funcionamiento del régimen se incluyen los dos sexenios presidenciales del PAN que se subordinaron a las reglas priistas.
La fase de ruptura revolucionaria comenzó en 1951 con las primeras represiones a campesinos y estudiantes, pasó por decisiones criminales de asesinatos de líderes sociales, salió indemne de la crisis estudiantil del 68, resistió con dureza la fase guerrillera de 1969-1982, comenzó en 1977 con reformas políticas progresivas de despresurización y concesiones a la oposición, no se quebró con la alternancia partidista en el 2000, se erigió triunfadora en 2012 con el regreso del PRI a la presidencia y terminó su periodo con la propuesta reformista del presidente López Obrador, un ex priista disidente que salió del PRI ante la falta de espacios democratizadores.
La represión del Estado priista tuvo dos pistas: una, en el endurecimiento político interno para resistir cualquier exigencia social y popular de apertura democrática y la consolidación del PRI como el único camino de acceso a cargos públicos; otra, la más agresiva, fue la guerra sucia del Estado priista contra la disidencia radical armada como guerrilla revolucionaria socialista, en el contexto del papel de México como la línea roja de contención de la revolución socialista cubana que se quiso exportar a América latina y el Caribe.
Esta guerra sucia propició la fundación de la Comisión de Acceso a la Verdad, aunque con intenciones más bien de reconciliación histórica y no para ejercicio de acción penal contra funcionarios que decidieron la represión criminal contra la disidencia revolucionaria armada. En este sentido, la Comisión no ha incluido entre sus espacios de apertura e investigación informativa la indagación de las razones que tuvo el Estado priista para ejercer la represión a partir de su tarea defensora del modelo económico estadounidense capitalista, toda vez que la guerra sucia tuvo todas las características de una guerra contrainsurgente conducida por la seguridad nacional de Estados Unidos.
La guerrilla armada en México siempre tuvo la motivación del derrocamiento del Gobierno priista y su Estado y la instauración de un gobierno revolucionario socialista-marxista-comunista. En este escenario, el Estado priista tuvo la habilidad de construir un modelo de gobierno represor, aunque con espacios de despresurización ideológica, y siempre enarbolando hasta 1992 la representación del Estado priista como la herencia de la Revolución Mexicana de 1910.
Este modelo oximorónico autoritario-incluyente ha tenido dos propuestas teóricas que las ciencias sociales mexicanas no han profundizado: en 1976 el escritor y ensayista marxista José Revueltas –una de las mentes más lúcidas de la tercera parte del siglo XX mexicano–afirmó que el Estado mexicano no era totalitario, sino “un estado ideológico (la Revolución Mexicana como ideología de la clase dominante) total y totalizador” y que la clave de la estabilidad mexicana se localizaba en el “control total de las relaciones sociales” a través del corporativismo priista de clase. O, en una variante, lo que Mario Vargas Llosa definió en 1991 cómo “la dictadura perfecta” porque el sistema/régimen/Estado priista tenía la capacidad para incluir en su seno a la disidencia ideológica más radical.
La Comisión para el Acceso a la Verdad no resolverá el problema del pasado represivo del PRI. Las críticas se han centrado en las fuerzas de seguridad civiles y militares que ejercieron la represión, pero el ministro mexicano de Defensa Nacional y el propio presidente de la República han aceptado que estos grupos operativos recibieron órdenes directas del mando civil, es decir, de los presidentes de la República, fallecidos todos los involucrados en el periodo establecido por la Comisión y solo sobrevive el expresidente Luis Echeverría (1970-1976), que como ministro de gobernación tuvo que ver con la operatividad de la represión, pero que hoy cuenta con 100 años de edad.
Lo que queda en el ánimo nacional es que el régimen priista fue dictatorial, represivo y criminal, pero contó con el aval de la sociedad que prefirió el bienestar a la democracia.
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