El caso de la reciente liberación del capo Eduardo Arellano Félix, dirigente del aún sobreviviente Cártel de Tijuana, sólo exhibe las incongruencias del gobierno estadounidense en su política antinarcóticos: liberar a un dirigente de un grupo delictivo que se localiza entre los once que hoy controlan el comercio al menudeo de droga dentro de Estados Unidos.
Los reportes de la DEA desde el 2005 han señalado que cárteles mexicanos son los que contrabandean drogas hacia Estados Unidos y manejan la venta en las calles de las principales ciudades, mientras el gobierno estadounidense pone en práctica estrategias para combatir a los narcotraficantes: sólo en sus países de origen: México, Centroamérica y Sudamérica.
¡SIGUE NUESTRO MINUTO A MINUTO! Y ENTÉRATE DE LAS NOTICIAS MÁS RELEVANTES DEL DÍA
La incongruencia del gobierno estadounidense radica en la permisividad del tráfico y consumo de drogas dentro de su territorio alegando derechos sociales de libertad y legalizando por lo pronto el consumo por placer de la mariguana, en tanto que aumenta el número de muertos por sobredosis de la droga química del fentanilo.
Los principales cárteles mexicanos que operan dentro de Estados Unidos, de acuerdo con las evaluaciones anuales de la DEA, son el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Juárez, el Cártel del Golfo, el Cártel de Tijuana y el grupo de Los Zetas que casi ha desaparecido en México. Las autoridades antinarcóticos EU tienen un mapa muy preciso del tráfico, venta y lavado de dinero que realizan estos grupos delictivos, pero hasta ahora no ha definido una estrategia concreta de lucha para desarticular esas bandas criminales y las acciones gubernamentales se han reducido más bien a controlar el tráfico y a supervisar el lavado de narco dólares que realizan a la luz pública los bancos locales.
A ello se agrega el dato que ha sido denunciado inclusive por medios de comunicación estadounidenses de que la penetración, consolidación y expansión de cárteles mexicanos en Estados Unidos por el contrabando, el tráfico y la venta de drogas ha sido posible por la corrupción de funcionarios de las áreas de seguridad del gobierno norteamericano.
En cárceles de Estados Unidos se encuentran detenidos capos y funcionarios mexicanos vinculados a los carteles el narcotráfico, sin que la información negociada para aminorar castigos haya llevado a la desarticulación del tráfico de drogas que tanto daño causa a la sociedad estadounidense. Por ejemplo, el jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, y su esposa Emma Coronel están detenidos y han sido interrogados en Estados Unidos, sin que haya existido alguna decisión operativa para atacar o al menos desmantelar la fuerza de ese grupo delictivo dentro del territorio estadounidense. El cártel del Chapo ha sido señalado por la DEA como el más importante traficante de fentanilo que mata a consumidores locales.
En este contexto, el replanteamiento de las relaciones de seguridad México-EU en materia de narcotráfico debiera de llevar a compromisos formales de la Casa Blanca para desmantelar a toda prisa a los cárteles mexicanos en Estados Unidos que trafican con amplias libertades las drogas. Y México debiera ser más insistente en su exigencia de acciones y decisiones gubernamentales para limpiar las oficinas estadounidenses que tienen que ver con el tráfico de drogas y que han permitido el aumento de los estupefacientes y de las estructuras del crimen organizado.
El gobierno del presidente López Obrador decidió dar por terminado el contenido de la Iniciativa Mérida, que firmaron los presidentes George Bush Jr. y Felipe Calderón en junio del 2008, por el incumplimiento de los compromisos de apoyos económicos, logísticos, equipamiento e inteligencia que Estados Unidos ha regateado con acusaciones de corrupción de autoridades mexicanas, sin reconocer que el aumento del tráfico y consumo de drogas dentro de Estados Unidos es producto de una corrupción quizá mayor de autoridades norteamericanas.
Aquí se ha insistido en el hecho de que el narcotráfico en Estados Unidos es producto de la ley económica que señala que la oferta está determinada por la demanda. Si las autoridades estadounidenses hubieran logrado una disminución en el consumo, sin duda que el tráfico desde Sudamérica Centroamérica y México hacia EU habría disminuido de manera sustancial.
En el mes de septiembre se retomará la negociación México-EU de las nuevas relaciones de seguridad entre el desgastado nuevo gobierno de Joseph Biden y el gobierno de López Obrador ya en la segunda mitad de su sexenio. La Casa Blanca acudirá las negociaciones con una marcada debilidad derivada de la ausencia de una política estratégica hacia la región latinoamericana, del fracaso del gobierno de Biden en Afganistán, del deterioro del liderazgo de Washington en la OTAN y del reposicionamiento geopolítico de China y Rusia en el tablero mundial.
Hasta ahora la agenda de seguridad de México con Estados Unidos la conduce con precisión estratégica el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, en tanto que el lado estadounidense se ha fragmentado por la impericia de la vicepresidenta Kamala Harris y la incapacidad del equipo de inteligencia militar, civil y privado de Washington.
Zona Zero
· La denuncia de la alianza opositora en la OEA sobre lo que llamaron la narcoelección del pasado 6 de junio por la participación del crimen organizado en apoyo a candidatos y partidos debiera ser una prioridad nacional, en tanto que se exigen decisiones para determinar si partes del congreso nacional han sido capturadas por intereses directos del crimen organizado. la falla del INE en la supervisión de candidaturas y campañas tiene que ser resanada con urgencia por autoridades judiciales para evitar que la capacidad legislativa esté contaminada por las bandas delictivas que influyeron en las elecciones.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico.
seguridadydefensa@gmail.com
www.seguridadydefensa.mx
@carlosramirezh
