REINGENIERÍA.- Consciente de los reclamos que se han hecho sentir a través de las redes sociales digitales, relacionados con la incongruencia existente en materia de velocidad en diferentes vialidades de esta Capital, su presidente Mario García Valdez anunció que pedirá a expertos realizar un estudio que permita identificar cuál es exactamente la situación y la forma de solucionarla. Dijo conocer que hay automovilistas que reclaman velocidades hasta de 100 kilómetros por hora en Avenida Salvador Nava, cosa con la que no estaría de acuerdo. Sin embargo, expresó que una cosa es su punto de vista y otro el que recomienden expertos.
CABILDO.- Durante la reunión del Cabildo se dejó en claro que el Ayuntamiento de esta Capital no será ni deudor solidario ni aval de la empresa Red – Vigue en la solicitud de un crédito bancario por 100 millones de pesos, cuyo destino ya finalmente se ignora si será a efecto de comprar un terreno y construir en éste el nuevo confinamiento de basura a que está obligada. Lo que se votó agregar al acta de la sesión del pasado 7 de mayo fue que la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí supuestamente obliga al ayuntamiento a autorizar a empresas con quienes tiene concesiones a contraer préstamos bancarios.
ANTRONIZACIÓN.- De la iniciativa de diputados de ampliar horarios a la venta de alcoholes en el Estado de San Luis Potosí y de llegar al extremo de dejar esa decisión en manos de autoridades municipales, el Gobierno del Estado fijó su postura a través de Cándido Ochoa Rojas. En el análisis del secretario general del Poder Ejecutivo hay ángulos que sinceramente habíamos dejado de ver, a pesar de que desde este espacio advertimos contra tal cosa de dar más horas a la venta de alcoholes. En opinión del Gobierno del Estado podrían incrementarse los hechos de violencia, situación que en el presente no está para descuidar.
VIGILANCIA.- En el escenario de que los horarios para venta de alcoholes fuesen puestos en manos de los ayuntamientos, como sugiere la iniciativa de diputados, quien pagaría los daños sería el Gobierno del Estado. Sería éste responsable de dar vigilancia en los 58 municipios durante 24 horas diarias, principalmente en la noche cuando operan cantinas, antros, salones de fiesta y hasta expendios de alcoholes. Debido a que estos negocios tienen importante relación con hechos de violencia, a quien se harían los reclamos sería al Gobierno del Estado y, lo más grave, en pleno calendario electoral. Esa factura es la que no quiere pagar.
HUMANOS.- Juan Manuel Carreras López, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, tiene ante sí una enorme tarea que consiste en impulsar una cultura de los derechos humanos en las comunidades escolares. A consecuencia de los tiempos electorales y de sus legítimas aspiraciones de obtener alguna postulación a un cargo político, muy probablemente ya no le alcanzará el tiempo de cosechar esos frutos. Sin embargo, sería bueno que plantara las semillas de esa cultura, pues los espacios institucionales y sociales más refractarios a los derechos humanos son precisamente las escuelas y sus profesores.
FRACASO.- Un verdadero fracaso fue el que tuvo la administración del Interapas con su programa de recuperación de cartera vencida, el cual se desarrolló durante los últimos tres meses. A decir del regidor Sergio Zapata Montoya apenas fueron recuperados 50 millones de pesos de los 250 millones de pesos existentes en la cartera vencida. Estos malos resultados obedecen a que la administración del Interapas debió haber desarrollado una política de cobro más agresiva, que obligara a los grandes deudores, como desarrolladores inmobiliarios, clubes deportivos, hoteles y empresas, a pagar lo que deben al organismo.
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