Azules sin definir postura por destitución de Josefina

Los diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional aún no definen su postura ante sus homólogos de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, a consecuencia de la destitución de Josefina Salazar Báez de la Auditoría Superior del Estado.
Así lo afirmó el diputado Rubén Guajardo Barrera, quien dijo que tal situación no ha sido tratada hasta este momento en el seno de su fracción parlamentaria, por lo que la postura estaría por definirse en los próximos días.
Luego de que Salazar Báez fuese destituida del cargo de directora de fiscalización de la ASE, el legislador desconfió en que una presión de la fracción panista en el Congreso pudiera fructificar para que fuese reintegrada en esa posición.
Recordó que él fue retirado de la Comisión de Vigilancia y la fracción de su partido no pudo sostener su posición, a pesar de que no se le comprobaron los actos de los que fue acusado, por presuntamente cobrar prebendas a presidentes municipales a cambio de limpiar sus cuentas públicas.
Guajardo Barrera lamentó que en instituciones tan importantes como la Auditoría Superior del Estado no se revise con responsabilidad y puntualmente la integración de su gabinete, de quienes ahora asegura que no deben contar con filiación partidista y, cuando se les demuestra su militancia, se procede a destituirlos del cargo, como fue el caso de Josefina Salazar Báez.
“Las instituciones deben ser integradas por personas capaces y su permanencia debe obedecer a cuestiones de exitoso desempeño laboral y no por cuestiones político partidista”, puntualizó.
En su caso, sostuvo, nunca le dieron respuesta del por qué o cómo fue desincorporado de la Comisión de Vigilancia. “Mi destitución de ese cargo fue a partir de uno de esos chismes que les llaman “trascendidos” y que nunca fue comprobado, ni existieron denuncias concretas”, puntualizó.
En cuanto al caso de Salazar Báez, adelantó que se deba revisar la Ley Orgánica de la ASE para verificar si prohíbe la participación de militantes partidistas en sus cargos directivos y en su caso hacer valer la ley en la materia con una revisión pareja de las personas que integran esas directrices.