Mientras el gobierno federal no disminuye todo su apoyo político al gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya –una posición que mantiene todavía el padrinazgo poderoso del presidente emérito Andrés Manuel López Obrador–, en el área de inteligencia y seguridad nacional de Estados Unidos han llegado ya a elaborar gruesos expedientes con confesiones de Joaquín El Chapo Guzmán Loera y sus hijos Ovidio y Joaquín y además de Ismael El Mayo Zambada, todos ellos del desarticulado Cártel de Sinaloa.
El ingreso a Estados Unidos por Tijuana de familiares de Ovidio y la ostentosa presencia de agentes estadounidenses que los recibieron para conducirlos cómodamente a un lugar seguro tiene todo el tufo el modelo de protección de testigos que la justicia estadounidense suele prodigar, pero luego de un proceso muy minucioso de verificación de la información que se intercambia. Estados Unidos sigue poniendo a Sinaloa como ejemplo de la narcopolítica, hoy una entidad inmersa en una guerra de bandas ante la pasividad federal y la ausencia de autoridades estatales.
En los últimos días se ha visto cómo el Gobierno de Estados Unidos está cerrando el cerco de seguridad en materia de narcotráfico y migración alrededor de México, sin que las respuestas mexicanas tengan capacidad de iniciativa real. De manera silenciosa, EU ha congelado cuentas bancarias de presuntos implicados en lavado de dinero o protección de narcotraficantes.
En círculos de analistas de información policíaca y de inteligencia, el caso de los familiares del Chapo y Ovidio pudiera estar mandando un mensaje adelantado de algunas operaciones directas contra las fortificaciones físicas, de personal criminal y de apoyos políticos del Cártel de Sinaloa y que el pacto de información-protección familiar del Gobierno americano y los Guzmán incluyó la extracción de los familiares de los capos del cártel ante el temor de alguna confrontación directa de grupos operativos estadounidenses que ya están trabajando en la zona y que estarían protegiendo a la familia criminal de cualquier fuego cruzado.
En el contexto del escenario de interpretación del ambiente de seguridad nacional entre los dos países, hay percepciones que tratan de asumir con seriedad la petición formal en una conversación telefónica del presidente Donald Trump de enviar tropas regulares del Ejército estadounidense a México a combatir a los cárteles del narco. Por el encarcelamiento del Chapo y sus dos hijos y del Mayo, Estados Unidos tiene suficiente información de inteligencia sobre lo que está ocurriendo en Sinaloa.
Mientras tanto, el gobernador Rocha Moya sigue muy campante. Apenas operó el apoyo de Morena y la influencia del Palacio de Invierno de Palenque para destituir al alcalde Gerardo Vargas Landeros del municipio de Ahome, de modo natural la guerra chapitos–mayitos entró en esa zona que hasta antes de la destitución había estado blindada contra las bandas criminales.
La situación en Sinaloa se ha descompuesto más allá inclusive, de las crisis de seguridad ingobernables en Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí y Guanajuato, llegando a situaciones legales caracterizadas por el modelo constitucional de poderes locales desaparecidos, inexistentes o sin capacidad de autoridad, pero el gobernador Rocha Moya –que pactó su elección con el Mayo Zambada y lo usó como operador político para un acuerdo con grupos universitarios de Cuén– no está preocupado porque tiene el apoyo político del presidente emérito López Obrador.
El problema, sin embargo, aparece a ojos de los analistas más allá de un asunto local. La descomposición paulatina del Cártel de Sinaloa está fortaleciendo de modo natural el poderío expansivo del Cártel Jalisco Nueva Generación, el cual hasta ahora no aparece como prioridad en las agendas mexicanas o estadounidenses, a pesar de que este grupo delictivo es el que tiene mayor capacidad de fuego, presencia activa en el 85% del territorio nacional y el control de grupos y rutas de droga y migrantes ilegales. Como no se percibe un plan de sustitución de los chapos en Sinaloa, los analistas están previendo una irrupción violenta y armada del Cártel Jalisco para terminar de liquidar el imperio del Chapo Guzmán.
La familia del Chapo y Ovidio a Estados Unidos bajo el control de autoridades federales de seguridad es un mensaje más de que viene un golpazo fuerte de Estados Unidos en Sinaloa, sobre todo porque las fuerzas policíacas locales están rebasadas y las federales todavía no reciben la orden operativa para intervenir.
El cerco de EU por narcopolítica en Sinaloa en un cerco sobre México.
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