Congreso dio cuenta de la declaratoria del Constituyente Permanente potosino para reformar la Constitución Política del Estado en materia de interrupción legal del embarazo
El Congreso del Estado realizó este martes la declaratoria de aprobación de la minuta que reforma el artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, para que se pueda garantizar el acceso seguro y gratuito a la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación en el sistema de salud público.
La declaratoria se realizó con la aprobación de, tan sólo 20 de los ayuntamientos. aunque no con la totalidad de votos requeridos, conforme a lo establecido en el artículo 138 de la Constitución local; pues el Congreso recibió apenas 29 actas certificadas de sesiones de cabildo, de las cuales 20 contienen un voto aprobatorio, mientras que nueve registraron un voto en contra, mientras que, otros 30 ayuntamientos no emitieron pronunciamiento dentro del plazo legal, lo que según el marco constitucional equivale a una aprobación sobreentendida.
Los municipios que votaron a favor son: Alaquines, Axtla de Terrazas, Cedral, Cerritos, Matehuala, Rayón, Salinas, San Martín Chalchicuautla, San Nicolás Tolentino, San Vicente Tancuayalab, Santo Domingo, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale, Vanegas, Villa de la Paz, Villa de Pozos, Villa Hidalgo y Xilitla. Aunque municipios como San Luis Potosí y Ciudad Valles, no emitieron posicionamiento alguno, por lo que sus cabildos se consideran conformes con la minuta en virtud de la omisión.
La reforma al artículo 16 fue acompañada por modificaciones a los artículos 58 BIS y 58 TER de la Ley de Salud del Estado, que establecen la obligación de las instituciones públicas de salud de garantizar el acceso universal y gratuito al servicio de interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
Esta reforma constitucional es resultado del cumplimiento a la sentencia de amparo 775/2024, emitida por el Juzgado Tercero de Distrito, que ordenó al Congreso del Estado a adecuar el marco jurídico para garantizar los derechos reproductivos de mujeres y personas gestantes.
El decreto entrará en vigor tras su publicación oficial, y las instituciones públicas de salud tendrán un plazo de 60 días naturales para adecuar sus reglamentos, lineamientos y protocolos a las nuevas disposiciones. Con ello, San Luis Potosí finalmente se sumará a las entidades del país que han legislado a favor del acceso legal, seguro y gratuito a la interrupción del embarazo.
