El diputado Luis Fernando Gámez, reconoció el trabajo del TEJA quien impuso a Francisco Alcocer Gouyonnet, una falta administrativa por desvío de recursos del nosocomio, en contubernio con Héctor Francisco Aguilar y José Alejandro Andrade

El presidente de la Comisión de Vigilancia Función de la Fiscalización del Congreso del Estado, diputado, Luis Fernando Gámez Macías, reconoció el trabajo que ha venido desarrollando la administración estatal para que ningún caso de irregularidades cometidas por exfuncionarios de la anterior administración estatal, queden impunes y se proceda conforme a la ley. Además se pronunció porque en caso de existir elementos suficientes se proceda de manera penal.
Consideró que el dinero de las y los potosinos debe ser retribuido a las arcas estatales para ser utilizado de manera correcta, y condenó que parte del patrimonio principalmente en materia de salud se haya desviado para otros fines, por lo que pidió que se sancione con todo el peso de la Ley.
Además el legislador Gamez Macías, reconoció el trabajo del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí (TEJA) quien resolvió imponer a Francisco Alcocer Gouyonnet, exdirector del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, una falta administrativa por el desvío de recursos públicos del nosocomio, en contubernio con el exdirector administrativo, Héctor Francisco Aguilar Martell y el jefe de Mantenimiento, José Alejandro Andrade Flores, por lo que estarán inhabilitados para desempeñar cargos públicos por un año.
Consideró que estos casos no deberán quedar impunes y de ser necesario se deberá proceder de manera penal para que no sólo regresen los recursos de los potosinos, sino que paguen por la comisión de un delito en perjuicio de las y los potosinos. También recordó que existe el compromiso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, en sancionar a todos aquellos que abusaron de sus puestos para desviar recursos a su favor.
Cabe señalar que ante la sanción impuesta por el TEJA, el gobierno del estado podría interponer una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, pues los ex funcionarios de la entonces administración del priísta Juan Manuel Carreras, incurrieron en serias irregularidades cometidas en las finanzas publicas de San Luis Potosí.