En un contundente rechazo, la presidenta de la SCJN y varios ministros advirtieron que la reforma judicial propuesta por el gobierno de López Obrador podría poner en riesgo la independencia del Poder Judicial y carece de un diagnóstico adecuado de las necesidades del sistema de justicia.
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, expresó su firme desacuerdo con la reforma judicial impulsada por el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, calificándola de una “salida fácil” frente a los problemas estructurales del sistema de justicia mexicano.
En su intervención durante la XIX Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), Piña subrayó que, si bien es evidente la necesidad de un cambio dentro del Poder Judicial, la reforma no debe basarse en medidas improvisadas ni apresuradas. De acuerdo con la ministra presidenta, la reforma, tal y como está planteada, podría tener consecuencias irreversibles sobre la independencia y autonomía del órgano judicial.
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Piña criticó que la reforma no responde a un diagnóstico claro de las verdaderas necesidades del sistema de justicia, sino que está siendo promovida en un contexto marcado por la inseguridad y bajo la premisa de que una reforma superficial podría resolver los problemas de fondo. “No podemos caer en la salida fácil,” manifestó la ministra, advirtiendo que el contexto complejo que vive México no permite reformas improvisadas que podrían tener consecuencias impredecibles.
En un tono enfático, Piña remarcó que ninguna de las deficiencias del sistema de justicia mexicano justifica una eliminación tajante de la carrera judicial. Según ella, cualquier reforma debería ser producto de un análisis profundo que garantice no solo la mejora del sistema judicial, sino que también preserve su independencia y autonomía.
Durante la misma sesión, varios ministros de la SCJN expresaron preocupaciones similares. El ministro Luis María Aguilar Morales afirmó que el verdadero desafío no está en cambiar el método de selección de jueces, sino en asegurar que los jueces sean confiables, calificados e independientes. “La justicia no es en beneficio de los propios jueces, es en beneficio de la sociedad,” recalcó, subrayando que lo primordial es que el pueblo mexicano cuente con un sistema judicial confiable.
Por su parte, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo advirtió sobre los efectos adversos de las reformas al sistema de control de la regularidad constitucional, lo que podría afectar la independencia del Poder Judicial. En su intervención, destacó la importancia de mantener la estabilidad y la continuidad en el sistema judicial, señalando que la participación de profesionales de la carrera judicial en la selección de jueces es una medida positiva para garantizar la imparcialidad.
El ministro Javier Laynez Potisek fue tajante al señalar que la reforma carece de un diagnóstico adecuado de la situación del sistema judicial, lo que la hace ineficaz y podría incluso obstaculizar el avance jurisprudencial logrado en los últimos años. Según Laynez, los cambios propuestos por la reforma, en lugar de mejorar el funcionamiento del sistema judicial, podrían perjudicar los avances alcanzados en la consolidación de la independencia judicial.
Este grupo de ministros coincidió en que cualquier reforma al Poder Judicial debe ser producto de un análisis detallado y de un consenso amplio que permita hacer los cambios necesarios sin comprometer la autonomía de la justicia en México. En su intervención, los ministros recalcaron que, si bien las reformas son necesarias para resolver los problemas de justicia en el país, estas deben realizarse de manera responsable y bien fundamentada.
La reforma judicial impulsada por el gobierno de López Obrador ha sido un tema candente desde su presentación, especialmente debido a su impacto potencial en la independencia de los jueces y magistrados, y en el método de selección de los mismos. Si bien la administración de AMLO ha defendido la reforma como una herramienta para mejorar la eficiencia y accesibilidad del sistema de justicia, diversos sectores, incluidos los propios impartidores de justicia, han señalado que las modificaciones propuestas podrían poner en riesgo los avances en la consolidación de un Poder Judicial autónomo y transparente.
La discusión sobre esta reforma está lejos de concluir, y las declaraciones de la ministra Piña y los ministros de la SCJN sugieren que el tema continuará siendo un punto de fricción entre el gobierno y el Poder Judicial en los próximos meses. “Una reforma sin diagnóstico está llamada al fracaso,” advirtió el ministro Laynez, dejando claro que cualquier cambio en el sistema judicial debe ser cuidadosamente evaluado antes de su implementación.
