Marilyn Cote es acusada de ofrecer consultas psiquiátricas sin la formación ni documentación requerida, mientras autoridades sanitarias suspenden su consultorio.
La Fiscalía de Puebla ha iniciado una investigación sobre Marilyn Cote, una abogada exhibida en redes sociales por ofrecer consultas psiquiátricas sin contar con la formación ni la documentación necesaria para ejercer como psiquiatra. Aunque la investigación está en marcha, las autoridades locales aseguran que hasta el momento no se han presentado denuncias formales por parte de pacientes afectados.
Cote, quien afirma tener múltiples premios y estudios en psiquiatría, también asegura haber egresado de universidades prestigiosas como Harvard y la Universidad de Oslo, así como contar con experiencia en la empresa médica Fifty Doctors y en cursos del FBI. Sin embargo, la mujer no ha demostrado que posea los títulos correspondientes para ejercer la medicina psiquiátrica.
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Como parte de las investigaciones, las autoridades sanitarias han colocado sellos de suspensión en el consultorio de Cote, que se encuentra en la Torre Médica de Angelópolis. A pesar de esto, Cote ha declarado que la clausura no fue total, sino que simplemente se le instó a presentar la documentación correspondiente, la cual asegura es legítima.
En declaraciones, Cote sostuvo: “El procedimiento que lleva Cofepris es primero revisar y no te cierra definitivamente. No hubo ningún inconveniente, ningún delito, aquí”, agregando que lleva años dedicándose a la medicina, aunque aclaró que actualmente no ejerce como abogada, sino en criminalística.
Por otro lado, la empresa Fifty Doctors Hospital, donde Cote afirmó tener vínculos laborales, desmintió cualquier relación con ella, asegurando que nunca ha sido accionista ni ha tenido autorización para utilizar sus marcas registradas. La empresa indicó que tomará acciones legales contra Cote por el uso no autorizado de las marcas “50 Doctors” y “Torres Médicas”, que aparecieron en recetas médicas en las que ella aparentemente intervino.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el caso y evitar que personas no certificadas ejerzan profesiones que requieren formación especializada y la debida regulación.
