La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados emite la declaratoria de publicidad de la reforma constitucional que plantea la eliminación de organismos como el INAI, Cofece y el IFT, con el objetivo de redirigir los recursos al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ha emitido la declaratoria de publicidad para el proyecto de decreto de reformas constitucionales que propone la extinción de siete organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entre otros.
El proyecto de reforma, que modifica diversos artículos de la Constitución Política, tiene como objetivo reestructurar las competencias de estos organismos y transferir sus funciones al Ejecutivo Federal o al Instituto Nacional Electoral (INE) en algunos casos. El dictamen destaca que los recursos ahorrados por la extinción de estos entes se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
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Con estas reformas, el INAI sería eliminado, y sus funciones de protección de datos y acceso a la información serían asumidas por otras entidades, como el INE, en el caso de los partidos políticos. Además, se suprime la existencia de la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) y se modifican las estructuras de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), para otorgar al Poder Ejecutivo la competencia en estas áreas.
El dictamen también establece que los derechos laborales de los trabajadores de estos organismos serán respetados y que las leyes relacionadas con transparencia y protección de datos personales serán determinadas por el Congreso de la Unión.
En cuanto al régimen transitorio, se señala que el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones legislativas necesarias dentro de un plazo de 90 días, con el fin de armonizar las leyes correspondientes en materia de acceso a la información y de protección de datos personales.
El proyecto se encuentra en proceso de discusión y podría extenderse a otros estados de la República, dependiendo de la evolución legislativa.
