La SCJN debate un proyecto que podría invalidar partes de la reforma al Poder Judicial, mientras el ministro anticipa su voto en contra.
En el contexto del debate sobre la reforma al Poder Judicial, el ministro Alberto Pérez Dayán se pronunció en contra de la promoción de una acción de inconstitucionalidad, considerándola “una insensatez”. Este pronunciamiento se da en el marco de la discusión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llevará a cabo este martes sobre un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que propone invalidar ciertas disposiciones de dicha reforma.
El proyecto sostiene que la SCJN tiene la facultad para resolver acciones que impugnen la constitucionalidad de las normas generales incluidas en la reforma judicial, argumentando que es competente para conocer la acción en la que se plantea la inconstitucionalidad del decreto impugnado.
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Durante la discusión, Pérez Dayán anticipó su voto en contra del proyecto, uniéndose a las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres. Tras más de dos horas de debate, el Pleno de la Corte aprobó la legitimación de los partidos políticos para impugnar la reforma, con un resultado de 8 votos a favor y 3 en contra.
El proyecto en cuestión propone eliminar la elección por voto popular de jueces y magistrados de Distrito, mientras que se mantendría la elección de ministros de la SCJN y magistrados electorales. El ministro González Alcántara Carrancá advirtió que la remoción masiva de jueces y magistrados podría afectar significativamente la política federal y que no se debería recortar el salario de estos funcionarios.
Además, el proyecto busca eliminar la figura de los jueces sin rostro. González Alcántara Carrancá destacó que su propuesta es extensa y fundamentada, instando a un análisis y discusión cuidadosa.
El ministro advirtió que si la resolución resultara desfavorable para el Ejecutivo y el Legislativo, y si ambos poderes no acatan la sentencia, esto podría provocar un “rompimiento del orden constitucional” con repercusiones tanto a nivel nacional como internacional. “Tendríamos un problema de constitucionalidad bastante fuerte, cuestionando el Estado de Derecho por un sector importante de la población”, puntualizó.
