La organización subraya las deficiencias del sistema de justicia penal y alerta sobre los riesgos de la participación militar en investigaciones.
La organización México Evalúa reveló que en 2023, más del 93% de los delitos denunciados e investigados en el país quedaron impunes, destacando la falta de atención a las causas estructurales del problema y los riesgos derivados de la reforma judicial y la creciente militarización de la seguridad pública.
En su informe ‘Hallazgos 2023: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal’, México Evalúa precisó que el 93.6% de los delitos investigados en el país no concluyeron con sanciones, con Oaxaca, Jalisco y Colima liderando los índices de impunidad con cifras de 99.9%, 99.1% y 97.5%, respectivamente. Los delitos con mayor impunidad incluyeron desaparición forzada (99.5%), extorsión (98.3%), fraude (97.2%) y homicidio doloso (96.8%).
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El reporte también resaltó la sobrecarga que enfrentan las instituciones de justicia, donde cada fiscal o agente del Ministerio Público atendió en promedio 310 carpetas de investigación, un incremento del 71% respecto al año anterior. Además, cada juez penal gestionó 356 causas en promedio, superando las 335 de 2022.
Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, advirtió que solo el 3.6% de las carpetas de investigación llega ante un juez, y señaló que esto se debe a la falta de capacidades de investigación criminal, una responsabilidad directa de las fiscalías.
Mariana Campos, directora general de la organización, enfatizó la necesidad de personal capacitado y suficiente para fortalecer a las instituciones de justicia. “No es suficiente con aumentar los recursos; la distribución debe ser estratégica, enfocada en sostenibilidad, inclusión y resultados”, afirmó.
El informe también abordó los procesos penales, señalando que los acuerdos reparatorios fueron los más rápidos, con una duración promedio de 214 días, mientras que los juicios orales, los más lentos, tomaron 553 días.
México Evalúa alertó sobre la militarización de la justicia penal al involucrar a la Guardia Nacional en investigaciones, advirtiendo que su enfoque militar no se alinea con las necesidades de seguridad ciudadana y derechos humanos.
Finalmente, la organización cuestionó la promesa de una justicia pronta y expedita ante la próxima elección de jueces y magistrados en junio de 2025, subrayando que las reformas planteadas ignoran las causas subyacentes de la impunidad.
