El INAI presenta ajustes en su presupuesto para evitar su desaparición; esperan decisión del Congreso sobre su futuro.
Norma Julieta del Río, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), anunció que el 15 de noviembre se conocerá el destino del órgano autónomo. En esa fecha, el Gobierno federal entregará el paquete presupuestal al Congreso.
En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, Del Río Venegas explicó que ya entregaron toda la documentación pertinente a la titular de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez. El INAI presentó un presupuesto ajustado, reducido en un 30.5%, que ahora es de 761 millones de pesos.
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“La tarjeta que nos pidió con estos ajustes se la entregamos el viernes, donde reducimos el presupuesto en un 30.5 por ciento. Hicimos reducciones en gastos de operación, en alguna estructura (…) Baja a 761 millones de pesos, se le hizo llegar el viernes y estamos en espera de otra reunión”, señaló.
El 15 de noviembre, al presentar el paquete de presupuesto de egresos, se definirá el futuro del INAI. Del Río Venegas afirmó: “El 15 de noviembre se presenta el paquete de presupuesto de egresos, ahí va ser el parteaguas del INAI, ahí se va a saber todo. Nosotros seguimos resolviendo casos, muchos”.
La comisionada destacó la importancia de esta semana, ya que podría haber otra reunión con Gobernación, reiterando que “todavía siguen vivos”.
“Esta semana será clave para ver si nos mandan llamar (a Segob) o ver qué pasa con esta iniciativa que está en Puntos Constitucionales (de la Cámara de Diputados), que no se ha movido de ahí”, agregó.
Del Río Venegas subrayó la continuidad del trabajo del INAI, mencionando que resolverán 500 recursos de negativas de información esta semana.
En agosto, la mayoría oficialista en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la propuesta del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecer siete órganos autónomos, incluyendo el INAI.
El INAI calificó esta decisión como “un grave retroceso para la democracia y la protección de los derechos humanos en México” y expresó su interés en rediseñar su operación para un uso más eficiente de los recursos públicos y fomentar el ejercicio de los derechos de acceso a la información.
