La administración de la justicia mexicana está pervertida y la percepción de la sociedad es clara y contundente en dos aspectos concretos: 1) hay corrupción en todo el aparato del sistema judicial -desde los empleados menores hasta los Ministros, pasando por l@s secretar@s de juzgados, jueces y Magistrados y hasta los abogados litigantes y/o “gestores-coyotes” externos que “facilitan”, por ejemplo, el tener acceso a los expedientes o influir en las decisiones- y; 2) la administración de justicia no cumple con los requisitos indispensables de ser competente, pronta, expedita e imparcial. A nadie debe sorprender (nadie debe hacerse el sorprendido y mucho menos los miembros del Poder Judicial) del resultado de la encuesta dada a conocer en días pasados que refleja el sentimiento social extendido y la concepción arraigada en la sociedad de que hay una enorme corrupción en el sistema judicial y que su imagen es de corruptos. Decir, por ejemplo, que un elemento-policía de tránsito no pide o acepta “mordida” en cualquier parte de México sería querer tapar el sol con un dedo; bueno, pues lo mismo sucede con el sistema judicial que esta corrompido, que es altamente ineficaz y en el que todos los mexicanos coincidimos que existe una corrupción letal.
Por tanto, es inentendible que frente al anuncio de la reforma al Poder Judicial mexicano se hayan generado reacciones tan estruendosas en los últimos meses y que el ruido generado pretenda blandir el argumento que grita “¡NO SE TOQUE AL SACROSANTO PODER JUDICIAL!, ¡NO SE ATENTE CONTRA LA DIVISIÓN Y EQUILIBRIO DE PODERES!, ¡DÉJESELES INCÓLUMES A LOS MINISTROS Y MAGISTRADOS! ¡LOS JUECES SON IMPOLUTOS!”, como si en realidad ese poder fuera ejemplo institucional de desempeño a favor de la justicia y como si en verdad los mexicanos nos sintiéramos orgullosos de la honestidad, transparencia, diligencia y oportunidad con la que actúan los Ministros de la Corte, Magistrados de todo tipo, Jueces, Secretarios de juzgados y el personal que en su conjunto representan a esa institución y que se presume debieran administrar justicia. Durante semanas se han difundido en la radio, en la televisión, en las redes sociales y por todos los medios posibles, múltiples opiniones alarmantes de políticos, de comunicadores, de juristas, de académicos y de “opinólogos” de café en el sentido de que si se reforma al Poder Judicial se atenta contra la democracia y se intenta consolidar un sistema autoritario, sin contrapesos y represor. Sin duda han tenido un éxito relativo y han permeado en una parte de la población o, mejor dicho, han afianzado en un sector de la sociedad la idea de que no hay que hacer nada ni promover ningún cambio porque es “peligroso” para la democracia. Los temerosos a los cambios se aferran al argumento de que todo está bien y que hay que conformarnos con lo que tenemos. Es decir, quisieran que nos quedáramos con un sistema a todas luces corrupto y que nos sigamos acostumbrando a la pésima calidad de justicia que hoy tenemos.
La Nación habló el 2 de junio y el mandato popular demanda cambios profundos en el sistema político mexicano. Hoy toca revisar las estructuras e intentar recuperar la naturaleza institucional del Poder Judicial así como garantizar el cumplimiento de la esencia de sus funciones constitucionales. El Artículo 39 de la Constitución consagra que “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno” y es por ello por lo que se propone elegir también mediante el voto popular a los miembros del Poder Judicial al igual que se hace con los representantes del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ante las voces de alarma, de desconfianza, de miedo y de reacciones delirantes que pretenden que nada cambie, es fundamental que pongamos sobre la mesa del debate algunas preguntas y que las contestemos con claridad y con sentido común. Solo de esa forma podremos coincidir en lo sustantivo independientemente de los matices que deriven de los Diálogos Nacionales y de las Asambleas Informativas y Territoriales que se realizarán para llevar a cabo dicha reforma.
¿Es cierto que los mexicanos estamos orgullosos del Poder Judicial como está actualmente? La respuesta es NO. Las encuestas recientemente levantadas por los despachos De Las Heras y Enkoll dice que “todos o la mayoría de los Ministros, Magistrados y Jueces son corruptos”, por tanto, y por sentido común, quién estaría orgulloso de alguien que fuera o se pensara que es corrupto. Es más, no conozco a nadie, a ningún profesionista, a ningún trabajador, a ningún académico, a ningún jurista, a ningún estudiante, a ningún campesino, a ninguna ama de casa que defienda la rectitud, honestidad, templanza y/o administración oportuna y expedita de la justicia por parte de los miembros del Poder Judicial en todos sus niveles. Si es cierto que los más coincidimos en que no es así, entonces estaremos de acuerdo y claros en la necesidad de reformar profundamente a un Poder Judicial que a todas luces no cumple con sus funciones como deben ser. Lo más grave es que no se trata de un tema de opinión pública o de una encuesta “hecha al vapor o al gusto de alguien”; no es así, se trata de la convicción sustentada en la realidad del pueblo de México que dice que el Poder Judicial todo está en crisis y que no funciona para lo que debe de funcionar. Es decir, que no hay justicia para los mexicanos y que el sistema esta plagado de corrupción. Cualquiera que tenga o haya tenido alguna experiencia con el Poder Judicial lo ha vivido y no de ahorita, de muchos, muchísimos, años atrás y hasta la fecha.
La función del Poder Judicial es administrar justicia y se entendería que debiera estar muy cercano a la gente pero irónicamente se encuentra muy alejado de la sociedad por lo que urge renovarlo, reconcebir su estructura y vigorizar su sustento popular. Algo fundamental que hay que recordar es que el Artículo 17 de la Constitución dice que “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”. En la realidad eso no se cumple desde hace ya muchos años y es por ello que el 72% de la gente quiere que se elija a los miembros del Poder Judicial por voto directo de los ciudadanos emitido en las urnas. ¿Será porque están conformes con el sistema actual de cómo se elige a sus integrantes?, ¿o será que el pueblo de México quiere intentar otro método diferente al actual porque el actual no le funciona? La respuesta es obvia y es de sentido común.
Es oportuno señalar que al tomar posesión del cargo los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación protestan “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión” y también recordar que en el mismo acto a los mismos se les sentencia que “si no lo hiciereis así, la Nación os lo demande”. La Nación mexicana ya se expresó el 2 de junio y lo demanda; por tanto, el Poder Judicial se va a cambiar.
