Bien lo dice Marcelo Ebrard Casaubon que coexistir con Estados Unidos es una situación complicada porque hay demasiados intereses que cuidar y que coinciden al mismo tiempo (“El Camino de México”, pág. 241). Además de la relación de por sí compleja que se vive en los ámbitos diplomático y comercial a nivel de países, es de suma importancia estar al tanto, atender y reaccionar ante los frentes que representan las decisiones locales de los gobiernos y congresos estatales en la Unión Americana. Viene ya en 2026 la revisión del tratado internacional más importante que tiene México, el Tratado México – Estados Unidos – Canadá (T-MEC), y del cual depende en gran medida el presente y su futuro de nuestra nación y será ocasión de abordar con suficiencia todos los temas que ya están en el acuerdo e incorporar los que convengan a nuestro país.
El origen de T-MEC es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que fue un acuerdo regional entre los tres gobiernos de América del Norte para crear una zona de libre comercio. Ese tratado fue firmado en Ottawa, Canadá, el 11 y 17 de diciembre de 1992; en Ciudad de México, D.F. el 14 y 17 de diciembre de 1992; y en Washington, D.C. el 8 y 17 de diciembre de 1992; mismo que entró en vigor el 1 de enero de 1994. El TLCAN tuvo como objetivos: 1) eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de servicios entre los territorios de las partes; 2) promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio; 3) proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada una de las partes. Al parecer, en su momento, fue la mejor decisión que se pudo haber tomado en su momento frente al impresionante crecimiento económico que ya registraba Asia y a la necesidad de actuar bajo criterios de bloque regional para lograr mejores niveles de integración y de competitividad mundiales. Sin embargo, existen algunas apreciaciones que perciben que el TLCAN no fue del todo benéfico para nuestro país ya que no estábamos listos para entrar en un tratado en donde los acuerdos estaban conjugados con otros dos países desarrollados como Estados Unidos y Canadá mientras que México era y es un país que se encuentra en proceso de desarrollo. Pero más allá de los balances por rubro de la economía mexicana y la mejoraría que se haya o no registrado, lo cierto es que es obligada y necesaria la permanencia en el T-MEC y que tenemos que considerar las presiones que el tema migratorio meterá en la revisión de este.
Es importante que no se nos olvide que en la campaña de 2016 de Donald Trump (DT) por la presidencia de su país amenazó con sacar a su país del TLCAN y que cuando tomó posesión del cargo el 20 de enero de 2017 lo calificó como “el peor tratado de la historia”. Sin embargo, se llegó a un acuerdo y se firmó el T-MEC comenzando una nueva era en la relación comercial de Norteamérica a partir del 1 de julio de 2020 -que fue la fecha en que entró en vigor- haciendo a un lado las incertidumbres para hacer negocios estableciendo mecanismos de solución de controversias y plasmando reglas más claras. Lo cierto es que el tiempo ya nos alcanzó, lo inminente es que estamos por entrar a la primera revisión en 2026, y; lo ineludible es que Donald Trump está en la contienda por la presidencia de su país y tiene posibilidades de ganar.
En ese contexto, es determinante que consideremos que al menos 15 de los 50 estados de los EEUU (entre los que se encuentran cinco gobernados por demócratas) han promovido o cuentan con leyes antiinmigrantes que son violatorias de los derechos humanos, xenofóbicas y discriminatorias. Se sabe que el número de estas entidades puede aumentar en caso de que DT gane en noviembre. Hay algunos como Marcelo Goldin, Director del Departamento para Iberoamérica y Miami del consorcio de abogados Goldin Law Group que estiman que lo mejor que le puede pasar a México es que gane las elecciones de EEUU Joe Biden. Pero más que especular al respecto lo que debemos hoy tener claro es que los estados gobernados por republicanos de Alabama, Arizona, Tennessee, Carolina del Sur, Indiana, Iowa, Florida, Texas, Louisiana y Virginia Occidental, así como los gobernados por demócratas como lo son Idaho, Kansas, California, Georgia y Montana tienen vigentes esas normas antiinmigrantes.
Aunque en muchos sectores de la economía norteamericana se sabe que las leyes antiinmigrantes afectan su crecimiento y atentan contra sus intereses, lo real es que hoy todo está en la lógica de la retórica política para conseguir votos. En el caso de nuestro país y del próximo gobierno federal que todo indica dirigirá Claudia Sheinbaum como presidenta de México a partir del 1 de octubre de este año, lo que toca es atender la evolución de la contienda presidencial gringa y poner suma atención en lo que pasa en los estados del vecino del norte. Nuestra interdependencia y relación con nuestro principal socio comercial que es EEUU no puede seguir pendiente de una sensación de conflicto inminente por parte de México. Frente a la revisión de 2026 del T-MEC el resultado de las elecciones de 2024 en ambos países será un factor determinante, pero el antecedente sólido de nuestra alianza supone un destino compartido en el que prive la certidumbre y en el que el tema migratorio sea parte de la solución y no del conflicto.
