El retraso del pago de la primer quincena de abril puso en alerta al Poder Judicial de Nuevo León, que amenazó con suspender actividades.
Tras el retraso del depósito de recursos para pagar la primera quincena de abril, el Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia y el Congreso del Estado de Nuevo León, acusaron al gobierno de Samuel García de ejercer presión presupuestaria y política en su contra.
Previo al depósito, que finalmente hizo este martes el gobierno del estado, los dos poderes y la fiscalía estatal, emitieron un comunicado conjunto para rechazar la situación que afectó a 6 mil 150 empleados de las 3 instituciones.
Reprobamos profundamente este tipo de acciones que afectan a las familias de los servidores públicos y exigimos al gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda que gire las instrucciones con carácter de urgente para que se realice el depósito correspondiente.
La Tesorería del gobierno de Nuevo León, emitió un posicionamiento, un día después de la quincena, para justificar que el retraso se debió a que el Poder Legislativo no ha aprobado la Ley de Ingresos 2024.
Advirtió que derivado “de la tácita reconducción presupuestal (se aplica el presupuesto autorizado para 2023)”, “recalendarizará” las partidas presupuestales”.
Esto, tanto para sus dependencias, organismos paraestatales, autónomos y Poderes, con el fin de “obtener los fondos necesarios para garantizar a la ciudadanía la realización de los comicios”, anunció en un comunicado.
Según el gobierno estatal, la Ley de Ingresos por 156 mil 047 millones de pesos, que entregó el 20 de noviembre de 2023 al Congreso del Estado, contemplaba los gastos de la elección, que calculó entre mil 200 y mil 600 millones de pesos.
Ante esta situación, la Tesorería pidió a los organismos autónomos, así como a los otros Poderes y dependencias, hacer uso de los ahorros que han notificado en sus informes, para asegurar principalmente el pago a trabajadores.
El presidente del Poder Judicial de Nuevo León, Arturo Salinas, antes del depósito de recursos, advirtió que las actividades en el Poder Judicial serían frenadas.
Ello, ante la imposibilidad de cumplir con los pagos a trabajadores, movilidad de sus auxiliares y servicios operativos.
