A todo el equipo de El Imparcial y a sus pivotes Antonio Varela Ortega, Luis María Anson y Joaquín Vila.
El tema del narcotráfico se posicionó de las relaciones México-Estados Unidos desde 1969 con el aumento de la presión americana para obligar al Gobierno mexicano a tomar decisiones de fondo contra los cárteles criminales.
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A más de medio siglo, el problema de las drogas en ambos países es peor.
En agosto del año pasado el capo número uno Joaquín El Chapo Guzmán Loera fue sentenciado a cadena perpetua en un Tribunal de Nueva York, su hijo Ovidio Guzmán López como encargado del tráfico de fentanilo a EU fue capturado hace un par de semanas con fines de extradición y ahora el ministro de Seguridad del Gobierno de Calderón (2006-2012), Genaro García Luna, está en el banquillo de los acusados también en NY para seguir el mismo camino de la prisión de por vida.
La crisis del narcotráfico tiene raíces sistémicas: el régimen del PRI logró mantener el control de los grupos criminales, aunque la complicidad de policías con narcos en 1985 se colapsó con el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar a manos del entonces llamado Cártel de Guadalajara, origen de la estructura de los cárteles posteriores.
El dato más importante de ese suceso radicó en el descubrimiento de que las policías preventivas y políticas de México habían derrotado en 1982 a la guerrilla comunista y las estructuras de seguridad voltearon hacia el negocio de la droga y comenzaron a apadrinar a los primeros grupos de siembra y tráfico de marihuana.
De 1984 a la alternancia de partido en la presidencia de México en el 2000 se registró un deterioro de los organismos de seguridad por la capacidad de corrupción de los narcos y los diferentes grupos delictivos configuraron cuando menos una docena de organizaciones que controlaron el mercado con una estructura económica de cártel o entendimiento para la administración y el tráfico de la droga.
La relación sistema político-organizaciones delictivas contribuyó a la configuración de un verdadero poder criminal, con evidencias concretas de que el Estado y sus funcionarios no pudieron combatir el factor corruptor del narco y paulatinamente las áreas de seguridad se convirtieron en protectores de la delincuencia.
En diciembre del 2006, a diez días de haber tomado el poder, el presidente Felipe Calderón Hinojosa lanzó una ofensiva militar contra las organizaciones criminales y México entró desde entonces en la vorágine de la violencia delictiva con un promedio diario de 100 homicidios dolosos. La estrategia de Calderón se redujo a la persecución y liquidación de los grandes capos del narco, pero sin ninguna instrucción para desarticular las estructuras delictivas.
Para tranquilizar las presiones estadounidenses, Calderón cerró un compromiso de alianza con Estados Unidos a través de la llamada Iniciativa Mérida con el presidente Obama, con el fin obtener recursos económicos para luchar contra los narcos y para involucrar a los estadounidenses en algunos de los operativos y el intercambio de información.
El Gobierno de Peña Nieto (2012-2018) continuó el camino de Calderón de combatir a los jefes, pero no a las estructuras, en tanto que los cárteles dejaron de entregar la droga en la frontera y crearon células criminales al interior de Estados Unidos para recibir la droga, distribuirla en los 50 Estados americanos y venderla en las calles de más de 3,000 ciudades.
El juicio en estos días contra el ministro García Luna en un Tribunal de Nueva York se está centrando en acusaciones de que el funcionario habría recibido millones de dólares de sobornos para permitir el tráfico de drogas del cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán hacia Estados Unidos, al grado de que el Gobierno mexicano dice tener registrados 700 millones de dólares en la fortuna personal de García Luna.
Filtraciones del Gobierno mexicano están tratando de involucrar en esas ilegalidades al expresidente Calderón Hinojosa, quien por cierto se acaba de asentar –en versión exilio– en España bajo la protección política del expresidente José María Aznar para eludir cualquier acción de la justicia mexicana.
La acumulación de datos de coyuntura sobre el juicio contra García Luna tiene detrás una rica organización política del sistema mexicano: el creciente activismo del crimen organizado ya no para corromper a funcionarios del Estado, sino para influir en procesos electorales que impulsen a funcionarios afines a los intereses delictivos, en un proceso de doble captura: del espacio de decisiones institucionales y del territorio para la producción y tráfico de droga. Los dos principales cárteles mexicanos, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa tienen el control delictivo en las 32 entidades de la República Mexicana y en algunos de ellos desarrollan guerras criminales a balazos en las calles para posicionar sus intereses territoriales.
El Gobierno del presidente López Obrador replanteó la estrategia de lucha contra el narco e impuso el modelo de construcción de la paz basado en lo que pudiera considerarse como una pax marca, es decir, un acuerdo funcional en la que el Gobierno no persigue a los capos de la droga y los cárteles delictivos no continúan la violencia a balazos en las calles de México. Para aumentar el control institucional sobre la seguridad, el Gobierno desapareció la Policía Federal y creó la Guardia Nacional militarizada, aunque hasta ahora solo con actividades disuasorias y no para perseguir o destruir estructuras criminales.
La violencia delictiva en las calles mexicanas no ha disminuido porque la configuración del liderazgo social del narcotráfico carece de perfiles profesionales para negociar pactos y los principales cárteles están derivando en fuerzas organizadas de defensa con armamento superior al de las policías locales aunque un poco menor al de la Guardia Nacional y a la de las Fuerzas Armadas.
El juicio contra García Luna en Nueva York no tendrá ningún efecto sobre el ecosistema criminal porque se enjuicia a un exjefe policiaco.
Y el Gobierno de Estados Unidos logró encarcelar de por vida al Chapo Guzmán, pero su Cártel de Sinaloa sigue siendo la principal organización criminal que trafica con cocaína, heroína y sobre todo fentanilo.
El problema de la droga en Estados Unidos que explica el problema de la droga en México se localiza en la existencia de alrededor de más de 50 millones de consumidores de droga americanos que requieren acceso garantizado a los productos. Mientras haya demanda, la oferta se organizará con autonomía relativa para atender las necesidades de adicción de droga de la sociedad del confort estadounidense.
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