El Gobierno de México está pendiente de desarrollo del juicio oral 35/22 que se lleva a cabo en San Luis Potosí, donde está de por medio impartir justicia en favor del interés superior de las niñas, niños y adolescentes; publicó en sus redes sociales el vocero del Gobierno Federal, Jesús Ramírez Cuevas, en relación al caso que se desarrolla en contra de Alejandro N., exfuncionario del DIF Estatal acusado de violación en agravio de un menor.
El juicio, que ha avanzado a cuenta gotas y con una amplia participación de testigos, casi 60 previstos por la parte acusadora y la defensa, intenta probar la culpabilidad o inocencia de Alejandro N, quien, como se recordará, fue detenido en octubre de 2019 luego de que un adolescente que se encontraba bajo su cuidado lo acusara de haberlo violentado sexualmente durante su estancia en una casa hogar de la capital potosina.
Desde su detención, diversos sectores aseguraron que este caso tenía tintes políticos, sin embargo, las autoridades competentes consideraron que existían elementos suficientes para vincularlo a proceso, de ahí que ahora se esté llevando a cabo el juicio para deslindar responsabilidades, mismo que ha enfrentado toda clase de trabas, complicaciones y retrasos durante su desarrollo.
Con la declaración del vocero del Gobierno Federal, el caso contra Alejandro N., vuelve a posicionarse en el centro de los reflectores ante la advertencia de que se está vigilando el actuar, tanto de los abogados, como del juez que tendrá en sus manos la emisión de un veredicto sobre este tema que ha recibido toda clase de comentarios, desde aquellos que dan su apoyo al exfuncionario estatal, hasta los que insisten en la necesidad de que se le sancione de manera ejemplar por el delito que, presuntamente, cometió.
