Han sido marginados y explotados por siglos
Para nadie es un secreto que el respeto que guarda o le merece al presidente López Obrador el marco jurídico vigente, es nulo. En sus propias palabras, desde hace años, “si hay que elegir entre la justicia y la ley, primero la justicia”. La pregunta inmediata es ¿cuál justicia?, ¿la de quién?, ¿a juicio de quién?
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La ley existe precisamente para establecer condiciones de igualdad: todo ciudadano es igual frente a la ley, goza de los mismos derechos y está sujeto a las mismas obligaciones.
AMLO no comparte ese principio jurídico universal.
Él posee una visión e interpretación personal y única de la aplicación de la ley. Considera, como ha expresado muchas veces, que varias leyes son injustas porque defienden y otorgan privilegios “a los ricos”. Para López Obrador, la justicia es sólo para los pobres, porque han sido marginados y explotados por siglos. Así de simple.
El problema de esta visión es que establece un país de inequidades que refuerza las desigualdades. La ley es justa si se aplica a favor de los más vulnerables, pero no lo es si falla a favor de derechos de grupos privilegiados. La ley no es igual para todos.
Hace unos meses el presidente se quejó agriamente porque la Corte había fallado a favor de una señora Azcárraga, a quien se le debían alrededor de mil millones de pesos en impuestos, que le habían sido cobrados en exceso. López Obrador construyó una tragedia por “lo que se podría pagar con ese dinero en becas, en medicinas para niños pobres”.
Todo esto sólo en cuanto al ciudadano frente al marco de derecho. Pero si hablamos de las veces que el propio presidente ha pasado por encima de la ley o pretendido hacerlo, nos encontramos frente a un presidente que desprecia la ley, que la rechaza como un instrumento burocrático que estorba a su visión del país.
El presidente es ilegal porque atropella la ley, la viola, la pisotea. Ojo, eso no quiere decir que sea ilegítimo. Al contrario, es perfectamente legítimo por el apoyo de millones de votos en las urnas. Y es popular, como demuestran números de respaldo ciudadano extendido. Pero es ilegal, porque rompe la ley, porque la mancilla, la manipula y la tuerce para beneficiar a su proyecto político.
El “decretazo”, así llamado, para superar los escollos que la ley establece para toda obra púbica, pretende evadir las obligaciones legales de transparencia, rendición de cuentas, certificación de obra pública, permisos especiales por el rubro industrial de que se trate. Así, por sus pistolas, el presidente ilegal pisotea la ley para comodidad de sus subordinados y celeridad de sus proyectos.
No importa que el aeropuerto de Santa Lucía no cuente con los permisos internacionales para operar; no importa que sea falsa la operación simultánea entre ambos aeropuertos, Benito Juárez y Santa Lucía y que obliguen con forzada invitación a Volaris y a Viva Aerobus a tener operaciones desde ahí. Es ilegal porque no cumple con todas las especificaciones de aeronavegabilidad.
Tampoco es relevante para AMLO que el Tren Maya no haya cumplido a cabalidad todos los certificados de impacto ambiental, ni siquiera la concurrencia y aceptación de las comunidades afectadas. El supremo ha decretado que el proyecto va, sin importar sobre quién transite, a cuantos atropelle o si la selva y el medioambiente son dañados de forma irreversible.
El cambio jurídico de la Guardia Nacional, adscrita ahora formalmente al Ejército y bajo el comando del general secretario, no es otra cosa que hacer, lo que tanto dijeron que no harían: “va a ser una corporación civil” declaró la entonces secretaria Sánchez Cordero.
Es ilegal otorgar comandos y fondos irrestrictos al Ejército mexicano; es ilegal romper el equilibrio de sometimiento civil; es ilegal corromper a las Fuerzas Armadas con ingentes cantidades de dinero, a cambio de lealtad total y absoluta, al grado de la intervención del general secretario en política.
Este gobierno consiste en un aparato corruptor de control político, disfrazado de movimiento transformador justiciero. Se corrompe a los militares y marinos -vergonzoso para la ética y formación de las Fuerzas Armadas- destruye la transparencia y rendición de cuentas, atropella la independencia de los órganos autónomos, vamos a ver el comportamiento de los nuevos nombramientos en la Suprema Corte y el Banco de México y somete a toda voz crítica que pretende ser independiente y autónoma. Ahí está la ofensiva contra el CIDE, la arremetida contra la UNAM, el golpeteo contra el INAI y la amenaza frontal contra el INE.
Para construir su país, para consolidar su partido y su movimiento, el presidente destruye a las instituciones y rompe la ley. Es un presidente ilegal.
