La novena reunión de presidentes de Estados Unidos y México y el primer ministro de Canadá mostró de manera clara el doble lenguaje de la Casa Blanca: al tiempo que Biden afirmó que entre los dos países habría un trato “entre iguales”, a espaldas de la cumbre firmó la ya conocida como Ley Zapata para aplicar las leyes estadounidenses en otros países donde se atente contra seguridad de seguridad de agentes de EU.
La ley reconoce que se trata de una regla extraterritorial, sin pasar por los mecanismos normales de solicitudes de arresto para efectos de extradición. Por medio de esta ley, la justicia estadounidense se puede aplicar de manera directa en otros países, convirtiendo un territorio extranjero en una especie de protectorado norteamericano.
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Esta nueva ley se basa en la definición del concepto de transnacionalidad de organizaciones criminales que operan en Estados Unidos, pero con su sede central en países como México y otros de Sudamérica. La estrategia de combate al crimen organizado transnacional fue puesta en marcha en julio de 2011 por el presidente Barack Obama en franca violación de la soberanía de otros países y de las reglas del derecho internacional, con el dato adicional de que este presidente se ufanaba de ser profesor de derecho constitucional.
La estrategia y la Ley Zapata extienden la territorialidad jurídica de Estados Unidos a países más allá de sus fronteras. La ley lleva el nombre de Zapata en homenaje al agente estadounidense de migración Jaime Zapata que murió en un enfrentamiento con narcotraficantes en San Luis Potosí, aunque con el dato de que las armas de los delincuentes habían sido proporcionadas por oficinas gubernamentales de EU en uno de los tantos operativos para seguir la pista al contrabando de armas que ha permitido la creación de verdaderos grupos armados en el crimen organizado.
Detrás de estos dos instrumentos de seguridad de Estados Unidos para perseguir narcotraficantes en sus países de origen se localiza el despropósito de que al interior del territorio estadounidense once carteles y bandas criminales de origen mexicano controlan el contrabando de drogas, su distribución a nivel nacional y sobre todo la venta al menudeo en las calles de más de tres mil ciudades americanas.
Una verdadera estrategia de lucha contra el narcotráfico en EU debería llevar a la Casa Blanca a autorizar operativos internos contra los cárteles mexicanos dentro de su propio territorio. El nivel de absurdo de la estrategia antinarcóticos llega al punto de que importantes capos de los cárteles mexicanos están encarcelados en penales americanos, pero tampoco han derivado en operativos para desmantelar a los cárteles en territorio americano.
Esta contradicción revela en los hechos que el gobierno estadounidense no quiere de ninguna manera liquidar a los cárteles mexicanos en su territorio ni romper de tajo con las fuentes de venta de droga en las calles, tal vez por el hecho de que buena parte de los consumidores sin solución permanecen pasivos ingiriendo drogas y al hecho de que los consumidores mayoritarios forman parte de los grupos marginados, en su mayoría de afroamericanos e hispanos.
En este sentido, el consumo de drogas en las calles es un mecanismo de control social que se aplica a sectores marginados que pudieran dedicarse más a la violencia criminal o a estallamientos de resentimiento social. Al mismo tiempo, el sistema financiero estadounidense controla la totalidad del producto monetario de la venta de drogas.
Como complemento a este enfoque de seguridad, el gobierno estadounidense está utilizando la persecución de cárteles en sus países de origen como una política exterior de seguridad nacional para dominar a países que están siendo penetrados por el crimen organizado. Es decir, la estrategia y la nueva ley extienden la extraterritorialidad de seguridad nacional que antes tenía como demonio identificable al comunismo. La Ley Zapata permitirá a las agencias seguridad y antinarcóticos de Estados Unidos a desarrollar operativos que lleven acopio de inteligencia política de países que no están sometidos de manera total al control de la Casa Blanca.
De ahí que se podría afirmar que la estrategia de lucha contra el crimen organizado en otros países es el eje de la política exterior de dominación imperial de Estados Unidos. Las agencias que tienen agentes en activo en México y realizan operaciones vinculadas al crimen organizado a la vez realizan funciones de seguridad nacional y forman parte de la comunidad de inteligencia civil, militar y privada de Estados Unidos: la DEA, la CIA, inteligencia del Pentágono (DIA), el FBI, el cuerpo de Marines, la agencia nacional de inteligencia, la guardia costera y las oficinas de inteligencia y terrorismo del Departamento del Tesoro por el asunto del lavado de dinero.
El problema del narcotráfico y consumo de drogas en Estados Unidos, como aquí sea insistido, radica en el consumo y no en la producción
Zona Zero
· De manera discreta se comienzan a notar indicios de una reactivación de operativos para perseguir algunos capos del crimen organizado. Por lo pronto, los primeros en la lista son los dirigentes del Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque sin percibir todavía alguna estrategia para desmantelar y desarmar a las principales facciones que conforman ese grupo.
· Todo indica que en diciembre se autorizará la legalización limitada de uso de mariguana confines medicinales y lúdicos, con la expectativa de disminuir el contrabando y los cárteles. Sin embargo, todos los datos indican que esa decisión contribuirá de manera ineludible al aumento en el consumo de la mariguana y por lo tanto a daños sociales que aumentarán las necesidades de atención médica a las adicciones, pero en circunstancias de incapacidad del gasto público en salud restricciones presupuestales.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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