demás de una buena lista de pendientes que dejó el Diálogo de Alto Nivel México-Estados Unidos y para los cuales no ha habido continuidad ni atención necesarias, el debate dejó la definición de lo que los expertos llaman la nueva agenda de seguridad y que se centra en cuanto menos tres puntos concretos: impunidad ambiental, lavado de dinero y violencia política.
Estos datos vienen incluidos en la monumental obra Atlas de la seguridad y la defensa de México 2020 que publicaron de manera conjunta el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE), la Universidad de las Américas Puebla y el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, bajo la coordinación de Sergio Aguayo Quezada, Raúl Benítez Manaut, Juan Antonio Le Clerc, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara y Keyla Vargas. Este libro de 448 páginas se puede obtener en los sitios www.ibd.gob.mx, www.casede.org y www.udlap,mx/cexij.
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Los veintiún ensayos incluidos y las doscientas páginas con estadísticas pasan revista a lo ocurrido en los últimos cuatro años en materia de seguridad y defensa, pero con especial énfasis en dos temas centrales: por un lado, la nueva agenda de seguridad y las prioridades impunidad ambiental, lavado de dinero y violencia política; y por otro, la temática enfática en seguridad, defensa, justicia y derechos humanos.
Todos los textos merecen una lectura cuidadosa para los interesados en la temática de la seguridad y la defensa. Destaca la construcción del nuevo mapa criminales de México en 2019 de Eduardo Guerrero, el análisis sobre las insuficiencias del andamiaje legal para enfrentar el crimen organizado, de José Ramón Cossío, Renato Sales Heredia y Taissia Cruz Parcero; la evaluación sobre la Guardia Nacional y la estrategia de seguridad del dobierno actual, de Mónica Serrano; el tema de los derechos humanos, de Emilio Álvarez Icaza; el modelo analítico de zonas de silencio para ilustrar el acoso criminales gubernamental contra la libertad de expresión, de Leonardo Curzio, y muchos otros más.
Aquí tomaremos por ahora el texto de Curzio sobre la libertad de expresión amenazada y el concepto de zonas de silencio. El tema va más allá de la contabilidad de periodistas amenazados y asesinados y se localiza en la lamentable coincidencia entre el crimen organizado y algunas oficinas del Estado para acallar la cobertura analítica y crítica del ambiente cada vez más negativo en la seguridad ciudadana.
Señala Curzio que todos los mecanismos de protección a los periodistas que el Estado ha implementado en el ámbito local y federal han sido insuficientes. “Hace falta que en dichos mecanismos mejore la interlocución entre periodistas en riesgo y el gobierno, y que se atiendan con diligencia dos niveles en el corto y largo plazo: en primer lugar, se debe proteger con eficacia a los periodistas en riesgo, garantizando su integridad al 100% para que su labor esté asegurada; y en segundo lugar, hay que generar en el largo plazo un ecosistema en el cual el ejercicio periodístico no sea riesgoso”.
El texto de Curzio puede ser un punto de partida para que sean los propios especialistas en periodismo los que desarrollen el seguimiento a la problemática de la inseguridad. El Estado nunca se ha preocupado por proteger a los periodistas ni a los defensores de los derechos humanos porque su función crítica demerita los escasos resultados gubernamentales en materia de seguridad. El problema, sin embargo, es más complicado porque el ejercicio de la libertad de expresión es parte de la voluntad democrática de la sociedad y la difusión libre de las ideas y la defensa de los derechos humanos suelen señalar las deficiencias de la política de seguridad más allá de la confrontación con los grupos del crimen organizado.
Un estado verdaderamente democrático tiene que garantizar la existencia de libertades que se usen inclusive en contra de disfuncionalidades del propio Estado. Pero abundan los datos que han revelado que buena parte de las amenazas y crímenes contra periodistas y defensores de Derechos Humanos han sido provocadas de manera directa o indirecta por funcionarios del Estado que debieran defenderlos. La estructura caciquil del poder en México funciona sin atender obligaciones democráticas, a pesar de denuncias de los propios involucrados.
Las formas de auto organización y auto defensa de periodistas y medios de comunicación son insuficientes si no cuentan con mecanismos legales de apoyo. Y en este sentido, es de destacar la insuficiencia –en grado de incapacidad– de las oficinas gubernamentales y legislativas que se formaron con bombo y platillo para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, pero que hasta la fecha nada han aportado ya no se diga a defender amenazados, sino que nada han aportado para construir un marco jurídico y legal de defensa de los periodistas y de los ciudadanos dedicados a proteger los derechos humanos.
En este sentido, es el que Curzio utiliza el concepto de zona de silencio que completaría la captura territorial, legal e institucional del Estado por parte del crimen organizado para instaurar un autogobierno criminal que le disputa la hegemonía al propio Estado.
Zona Zero
El texto Eduardo Guerrero sobre el mapa criminal de México en 2019 consolida seis grupos delictivos fuertes (Cártel del Pacífico-Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, Cártel del Golfo, Organización Criminal de los Beltrán Leyva a y Los Caballeros Templarios-La Familia Michoacana), destaca la existencia de grupos locales y regionales relevantes y señala que la intervención de las fuerzas de seguridad carecen de una estrategia permanente y se concretan solamente a la presencia disuasiva que suele ser reocupada por los grupos criminales una vez que se retiran.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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