Por más que se trate de escudriñar el documento titulado “Entendimiento Bicentenario” México-Estados Unidos, nada hay ahí que implique un compromiso formal, directo e inmediato de la Casa Blanca para combatir el narcotráfico y sus derivaciones delictivas dentro del territorio estadounidense.
Ese acuerdo –sin valor legal porque no llegó a Tratado– incluyó el compromiso de resolver la existencia de las prisiones y sus condiciones internas como un elemento asociado a las actividades delictivas.
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Pero la semana pasada el periódico New York Post reveló impresionantes fotografías de la vida interna en el penal de Rikers y reportes cotidianos del FBI han denunciado que las prisiones en Estados Unidos son controladas por bandas del crimen organizado.
En esta columna se ha insistido en los documentos oficiales de la DEA que denuncian cada año y desde 2005 que los cárteles del crimen organizado de México controlan el tráfico de drogas dentro de Estados Unidos y dominan la venta al menudeo en más de 3,000 ciudades estadounidenses.
Y las propias cifras oficiales insisten en el aumento de consumo de drogas dentro de EU, porque la política oficial asume la compra de estupefacientes como un derecho ciudadano, aunque el producto este marcado como delito en su comercialización.
Las primeras acciones de Estados Unidos después del compromiso firmado en el escenario del Diálogo de Alto Nivel en Seguridad marcaron un límite que afecta a la soberanía mexicana: más agentes y más operaciones en México para combatir a las bandas del narcotráfico, sin ninguna decisión para perseguir las actividades criminales de los cárteles dentro del territorio estadounidense.
La primera insistencia de la Casa Blanca fue la de presionar a México para la entrega de visas a los agentes de la DEA, aunque sin cumplir con los requisitos impuestos por la Secretaría de Relaciones Exteriores a la ley mexicana de seguridad nacional que se refieren al registro de agentes y operaciones de oficinas extranjeras de seguridad.
Después de la reunión bicentenaria se circuló alguna información sobre la posibilidad de que agentes mexicanos de seguridad tengan, a su vez, visas para moverse armados y con libertad dentro del territorio de EU.
Hasta mediados del gobierno de Peña Nieto hubo agentes del CISEN Centro de Información y seguridad nacional en embajadas y consulados, pero con muchas restricciones de movilidad.
En cambio, la DEA y la CIA, solo para mencionar a dos agencias de seguridad estadounidenses, tienen en México sus principales sedes de operación y de agentes y sin un registro de información al Gobierno mexicano.
La clave de los acuerdos informales del Entendimiento Bicentenario se localiza en esperar la voluntad de Estados Unidos para una reciprocidad en materia de seguridad; además, debe darse el reconocimiento de Washington a la necesidad de operativos conjuntos de agencias sobre acciones en los dos países y no solamente en México.
La Iniciativa Mérida se redujo a un programa de aportación de fondos, equipamiento y algo de información, pero manteniendo la autonomía estadounidense en agentes y operaciones dentro de México.
La urgencia de acciones conjuntas se percibe en el hecho de que drogas y cárteles mexicanos son los que operan el tráfico y venta de drogas dentro de Estados Unidos y que no se puede perseguir en México solo a capos –como lo establecen las recompensas americanas por la captura de cinco capos– que no viven en EU.
Para ser efectivas esas medidas se requiere en primer lugar que Estados Unidos acepte que buena parte de su narcotráfico llegó y se expandió por culpa de la corrupción de funcionarios estadounidenses y del poder económico de los cárteles mexicanos.
En este contexto de hechos reales se deben percibir las posibilidades y limitaciones del documento sin validez formal conocido como Entendimiento Bicentenario y que la lucha contra las drogas y los cárteles del narcotráfico que preocupan a Estados Unidos debe comenzar con la persecución de delincuentes y funcionarios responsables de la llegada y expansión de esos grupos delictivos.
Y allí es dónde un verdadero entendimiento bicentenario tendría que comenzar por reconocer la participación indispensable hoy regateada de las políticas y estrategias mexicanas de seguridad. Si se capturan y procesan a los capos que están marcados por recompensas estadounidenses, en nada se notará un cambio en el flujo y consumo de drogas, porque la adicción es combatida en EU a posteriori y que nada se hace para luchar de manera operativa contra las estructuras criminales y delincuenciales dentro del territorio estadounidense.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha documentado el expediente de “el narco en EU” y lo ha llevado a las reuniones bilaterales con las agencias y oficinas de seguridad estadounidenses, pero sin sensibilidad para entenderlas y menos aún para procesarlas.
La DEA ha realizado más operaciones y arrestos en México que dentro Estados Unidos, sin que esas operaciones hayan conducido a una baja sensible en el tráfico y consumo local de drogas.
En este sentido hay que fijar el marco de análisis realista de las escasas posibilidades operativas del llamado Entendimiento Bicentenario y señalar que no habrá resultados positivos si el gobierno de Estados Unidos no comienza a luchar contra el narcotráfico dentro de su territorio y si tampoco realiza acciones para criminalizar el consumo de drogas que ha beneficiado solo a las bandas criminales y en nada a la sociedad.
Zona Zero
Las cifras oficiales sobre seguridad han reportado una disminución en el importante delito de homicidios dolosos, pero han registrado la incapacidad de las estrategias con respecto a los feminicidios. Los datos de asesinatos tienen que ver con enfrentamientos entre grupos criminales que se disputan los territorios.
Y las cifras de crímenes contra mujeres por su condición de género podrían estar revelando las dimensiones de un machismo discriminatorio en seguridad que nunca encontró sensibilidad ni decisión durante la gestión de Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación como instancia encargada de la seguridad por género.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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