De entre los muchos datos importantes para evaluar la realización y los resultados del Diálogo de Alto Nivel sobre seguridad México-Estados Unidos, el punto más inexplicable se localiza en el título del documento final: “Entendimiento Bicentenario”. Se podría tratar de una concesión demagógica de la Casa Blanca hacia el ambiente político actual del espíritu del bicentenario de la independencia mexicana, pero sin nada que ver con la conflictiva relación bilateral bicentenaria que tampoco en esta ocasión encontró respuestas ni cauces.
Los puntos centrales de cada uno de los países quedaron dibujados en los escarceos diplomáticos previos:
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1.- Estados Unidos quiere seguir manteniendo la impunidad, la extraterritorialidad y el dominio de los operativos de sus organismos de inteligencia y seguridad nacional dentro de México y sin cumplir con ningún requisito legal de registro de agentes de operaciones.
2.- México, en cambio, insistió en el expediente qué título “El narco en EU” y dejó en claro que la dinámica productiva y de trasiego de droga que viene de América Latina o sale de México hacia territorio estadounidense es producto de la demanda de los adictos que requieren droga en Estados Unidos. Y junto con ello, México ha señalado que el gobierno americano nada hace para combatir el contrabando ni para atacar a los cárteles mexicanos que dominan la compra-venta de droga en las calles de más de 3,000 ciudades.
El documento final define con claridad tres objetivos concretos:
1.- Proteger a nuestra gente, invirtiendo en salud pública en relación con los impactos del consumo de drogas, apoyando comunidades seguras y reduciendo los homicidios y los delitos de alto impacto.
2.- Prevenir la delincuencia transfronteriza asegurando modos de viaje y comercio, reduciendo el tráfico de armas, apuntando a las cadenas de suministro ilícitas y reduciendo el tráfico ilegal y trata de personas.
3.- Desmantelar las redes criminales, persiguiendo a las personas vinculadas a financiamientos ilícitos y fortaleciendo los sectores de la seguridad y la justicia.
Los desagregados añadieron compromisos formales que buscarían enfrentar a los cárteles en ambos lados de la frontera, disminuir el tráfico de drogas y encarcelar a los principales líderes de los cárteles. Estos puntos, por cierto, han sido incluidos en todos los acuerdos, compromisos, intenciones, entendimientos e iniciativas, pero ninguna de ellas ha sido operativa ni ha llegado a disminuir el tráfico de drogas.
Estados Unidos ha dejado claro, al margen de iniciativas y entendimientos hoy bicentenarios, que no va a instrumentar mecanismos internos de persecución agresiva ni disminución sustantiva de drogas en las calles, debido al hecho concreto de que los millones de adictos requieren de droga para mantener la tranquilidad social y que una disminución del flujo y precios más o menos aceptables llevaría a violencia callejera generalizada.
En el caso de México, la estrategia de construcción de la paz no busca desactivar a los cárteles de la droga, sino que se basa en el objetivo de disminuir la violencia del Estado y convencer a los delincuentes a incorporarse a la economía productiva, rompiendo con la estrategia de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto de mantener una guerra violenta a balazos en las calles para desmantelar a las bandas delincuenciales.
El uso de la palabra “entendimiento” revela la falta de estrategias operativas de corto plazo y mete las políticas de seguridad de ambos países en las dinámicas administrativas locales y en los caminos sinuosos de la burocracia. Y como para ilustrar el escenario real del conflicto, Estados Unidos ha intensificado sus presiones sobre México para obtener aprobaciones a nuevos agentes y operaciones clandestinas de la DEA en México contra cárteles mexicanos, sin que esa misma agencia antinarcóticos haya definido algún plan concreto para perseguir y desmantelar a los cárteles mexicanos que están asentados en territorio estadounidense.
El Entendimiento Bicentenario bilateral pareció ser una salida diplomática que evitara el conflicto en la reunión del Diálogo de Alto Nivel; las agendas reales seguirán latentes y en situaciones de conflictos diplomáticos y avanzarán en términos que puedan destrabar los dos gobiernos. Pero en el fondo, la cumbre binacional de seguridad mostró que la crisis migratoria y de narcotráfico carece en Estados Unidos de dirección estratégica real y que el desplazamiento de la agenda que estaba en manos de la vicepresidenta Kamala Harris dejará la negociación en un burócrata, agobiado y desbordado secretario de Estado, Antony Blinken, que perdió margen de maniobra en el fracaso del retiro de tropas de Afganistán.
Se ha insistido mucho y hay que subrayarlo: el consumo de drogas en Estados Unidos es el motor que define a las estructuras de oferta. Si no hubiera consumidores americanos, el problema sería menor porque la droga habría perdido interés como negocio. Pero desde la Operación Intercepción de septiembre de 1969 en la frontera californiana México-EU ha aumentado de manera sustancial el consumo de drogas y por lo tanto los proveedores han tenido que crecer.
La crisis de migración no legal, de contrabando de drogas y de consumo de estupefacientes criminales es más grave en la Casa Blanca que en Palacio Nacional. Y no habrá un principio de solución si el gobierno de Estados Unidos no asume que el problema central es el consumo.
Zona Zero
El gobierno estadounidense carece de una estrategia migratoria de emergencia para resistir la presión de las caravanas de migrantes que buscan ingresar por la fuerza a Estados Unidos. Entre los criterios para otorgar asilo de emergencia, no existe el concepto de asilo por pobreza y la argumentación de asilo por violencia implica un proceso muy largo de negociación. La crisis de la migración haitiana revela el fracaso del sistema capitalista estadounidense en Haití y ahora los haitianos quieren que Estados Unidos los reciba como corresponsables de su miseria. Eso sí, EU está preparado para recibir a 100,000 refugiados afganos que fueron colaboracionistas hoy perseguidos por los talibanes, aunque en realidad esa cifra debiera multiplicarse por diez.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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