En su estilo recurrente de culpar a los demás de sus propios problemas y conflictos, la Casa Blanca se vio obligada a rediseñar su acuerdo de seguridad con México luego de que el gobierno del presidente López Obrador canceló la vigencia de la Iniciativa Mérida firmada en 2008 por el presidente Felipe Calderón con el presidente George Bush hijo.
El fondo de esa Iniciativa no estuvo el los recursos regateados de Estados Unidos a México para programas de seguridad en materia del narcotráfico, sino que se localizó en el criterio de la Casa Blanca de que la culpa del consumo de drogas por estadounidenses era de México y de sus cárteles. Esta tesis central ha dominado el comportamiento de la DEA respecto a México.
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Es posible que existen argumentaciones para culpar a los cárteles mexicanos de contrabandear droga a través de una frontera porosa cuya vulnerabilidad responsabiliza también a la corrupción de autoridades de todas las oficinas estadounidenses encargadas del control de la frontera. Sin embargo, las cifras de consumo y abuso de drogas por parte de estadounidenses es de las autoridades del gobierno de EU.
Los datos del consumo dentro de Estados Unidos son preocupantes: casi 500% de aumento de estadounidenses fallecidos por sobredosis de drogas de 1999 a 2020, al pasar de casi 17,000 personas a casi 100,000 en estas dos décadas. La culpa mexicana termina en la frontera del lado mexicano y la responsabilidad del cruce, distribución y venta al menudeo en las calles es de las autoridades del gobierno estadounidense que son las encargadas por ley de vigilar y combatir las prácticas delictivas dentro de su territorio.
La responsabilidad del gobierno estadounidense es mayor cuando aparece en los documentos oficiales de la DEA: el reporte de evaluación del narcotráfico en Estados Unidos del 2005 advierte la presencia no combatida de cárteles mexicanos en el contrabando de droga y la venta en las calles y la evaluación del 2020 repite la misma argumentación acreditando el control de la compra-venta al menudeo de droga dentro de Estados Unidos a nueve cárteles mexicanos.
Los reportes de las oficinas estadounidenses que tienen que ver con la droga no han dado una explicación de cómo fue que los cárteles mexicanos llegaron, se asentaron y se expandieron dentro de territorio estadounidense sin que ninguna autoridad local hiciera algo para detenerlos; al contrario, existe la argumentación de que los estrictos mecanismos de control de seguridad de Estados Unidos hubieran detectado el ingreso de los grupos delictivos mexicanos, por lo que se estaría en condiciones de considerar que los cárteles mexicanos penetraron en Estados Unidos por la corrupción y la complacencia de funcionarios locales.
La gravedad del problema de la droga dentro de Estados Unidos radica también en las llamadas de atención a las cifras de muertes por sobredosis de la droga de la muerte conocida como fentanilo, pero sin que las autoridades americanas hayan tomado decisiones estrictas para combatir su contrabando y su venta en las calles. Y hasta ahora solo hay quejas y denuncias contra Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán y encargado del contrabando de fentanilo a Estados Unidos por parte del Cártel de Sinaloa, y existe una demanda de extradición y una recompensa en su contra. Pero nada más.
La estrategia estadounidense de culpar a México y exigirle medidas radicales contra los cárteles mexicanos no resolverá el problema de consumo y muerte por sobredosis, porque la crisis se encuentra en las libertades para el consumo y en la facilidad con la que nueve cárteles mexicanos, de acuerdo con el reporte 2020 de la DEA, controlan con facilidad el contrabando y la venta de fentanilo en las calles de más de 3,000 ciudades estadounidenses.
El gobierno de Estados Unidos tiene encarcelados a importantes figuras del contrabando y venta de drogas –entre ellos el Chapo Guzmán, su esposa y familiares de El Mayo Zambada, además de varios funcionarios mexicanos de seguridad–, sin que el tráfico y el consumo hayan disminuido. La intervención de las oficinas de salud de EU opera sobre los adictos, con nulas actividades para combatir el contrabando y la venta en las calles.
Esta lógica fue la que llevó el gobierno de México a cancelar la iniciativa Mérida, cuyo solo propósito fue proporcionar fondos, equipamiento descontinuado y tecnología obsoleta, a fin de que los operativos siguieran controlados y dominados por la DEA en las oficinas antinarcóticos del ejército estadounidense.
El acuerdo bilateral de seguridad que se está negociando debe incluir compromisos reales y for males del gobierno de Estados Unidos para combatir el contrabando y la venta en las calles y atacar sin miramientos a los cárteles mexicanos que venden la droga en las calles.
Sin ese involucramiento estadounidense, cualquier acuerdo antinarcóticos no disminuirá la de-manda, ni desarticulará los cárteles mexicanos dentro de EU, ni menos aún disminuirá la producción y trasiego de droga hacia el territorio estadounidense.
Zona Zero
· El gobierno de Estados Unidos ha estado presionando a México con decisiones que violan la soberanía mexicana en materia de temas del narcotráfico. De manera intencionada, el 15 de septiembre el presidente Biden publicó un memorándum que colocó a México en la lista negra de países productores de drogas y autorizó actividades intervencionistas. Al mismo tiempo, la Casa Blanca refrendó y aumentó la recompensa contra cuatro capos que viven en México: el líder del Cártel Jalisco, el hijo del Chapo Guzmán, el líder encargado del Cártel de Sinaloa y el famoso narco Rafael Caro Quintero.
El dinero ofertado busca agitar de manera interna a los diferentes cárteles y con ello provocar enfrentamientos violentos que repercutirán en las zonas mexicanas de influencia. En cambio, no hay ni recompensas ni persecución contra los nueve cárteles mexicanos que controlan la venta de droga al menudeo en más de 3,000 ciudades estadounidenses.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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