El presidente López Obrador ha sacado del desván de los trastos viejos su sobado discurso sobre los “moches” y la supresión de esa “práctica corrupta” a cambio de la entrega directa, “sin intermediarios”, de las ayudas de su gobierno a las familias más necesitadas. Las fechas y las formas hablan de una maniobra calculada para deslegitimar anticipadamente una posible protesta de los antorchistas por la próxima discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos para 2022, por la Cámara de Diputados, y para reconquistar el voto de los campesinos. Le urgen para mantenerse en la silla.
Pero esa deslavada retórica se estrella frontalmente contra la dura realidad del campo mexicano. Se calcula que son millones de hectáreas de tierra laborable las que han quedado yermas debido a que sus propietarios o poseedores han tenido que emigrar a otros estados del país o a Estados Unidos, en busca de un mejor empleo y mayores ingresos. Las causas de este desplazamiento son numerosas y variadas, pero hay dos que se destacan: a) el incremento de la actividad del crimen organizado, que despoja a los productores de su propiedad o de su cosecha mediante grupos de sicarios fuertemente armados, y que trata de enrolar, también por la fuerza, a la gente joven de las comunidades; b) el insuficiente apoyo oficial a la actividad productiva del campo, agravado por el excesivo y complejo papeleo requerido para acceder a esos recursos o a los créditos blandos de la banca de desarrollo.
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Según el INEGI, en México hay 9.3 millones de predios rurales, que abarcan una superficie total de 190.3 millones de hectáreas. De este total, el 69% se dedica a la agricultura, el 11% a la ganadería y el resto son bosques o terreno cerril. Del total destinado al cultivo, 51.56%, es decir, poco más de la mitad, son minifundios de entre media y dos hectáreas; el 21.87% son parcelas de entre 2 y 5 hectáreas; el 18.75% parcelas entre 5 y 20 hectáreas y los propietarios superficies mayores a 20 hectáreas son, apenas, el 5.82%. Esto quiere decir que el campo mexicano está integrado esencialmente por minifundios que producen para el autoconsumo.
Ahora bien, el discurso oficial habla de un apoyo a la producción agropecuaria mayor que nunca; pero el presupuesto de la Secretaría respectiva ha sufrido una contracción muy significativa en los tres años del actual gobierno. En 2018, último año del gobierno de Peña Nieto, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) dispuso de un presupuesto de 76 mil 476 millones de pesos; en 2019, primer año de la 4T, esa Secretaría, rebautizada como Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) contó con 65 mil 434 millones de pesos, 14.4% menos que el del año anterior; en 2020, cayó a 46 mil 253 millones, 29.3% menos que en 2019, y en 2021 dispuso de 49 mil 291 millones, un ligero aumento pero muy lejano todavía al último año de Peña Nieto. ¿Es verdad, entonces, que hoy el campo recibe apoyo como nunca?
La SADER dice que el dinero se dispersó así: 1 mil 600 pesos por hectárea para los productores de granos en pequeña escala (minifundistas); mil pesos por hectárea para los de escala media; 5 mil pesos para cada productor de café de pequeña y mediana escala y 7 mil pesos para productores de caña de azúcar. Quedan claras dos cosas: primera, que las cuotas por productor son, en todos los casos, totalmente insuficientes para el buen cultivo de las parcelas, dejando a un lado las necesidades personales del productor y su familia; segunda, que se deja fuera al sector más vulnerable, a los jornaleros agrícolas, la mayoría de los cuales no posee tierra y, por tanto, no pueden recibir la ayuda oficial.
El investigador sobre agricultura sustentable de la Universidad Autónoma de Chapingo, Gerardo Noriega Altamirano dice: “…en el medio rural del país hay cuatro grandes grupos sociales: los campesinos de subsistencia, que disponen de minifundios, cuyo rezago educativo y tecnológico es enorme y producen apenas para comer. Otro sector es el integrado por jornaleros, quienes carecen de tierra, venden su fuerza de trabajo y se mueven de un lugar a otro; el tercero es el de los pequeños propietarios, quienes tienen más acceso a la educación, a los recursos naturales de suelo y agua y producen más de lo que consumen, es decir, venden parte de su producción. El cuarto grupo es el más reducido y está conformado por los empresarios agrícolas del norte, noroeste y occidente y produce para la exportación”.
Según Noriega, el insuficiente presupuesto al campo está afectando a los 4 grupos sociales (las negritas son mías, ACM), aunque no por igual. Los más perjudicados son los minifundistas y los jornaleros. “Las carencias mayores -dice- se reflejan en los índices de pobreza de estados como Guerrero, donde (…) no hay opciones de empleo, razón por la que gente, sobre todo de La Montaña, al terminar el ciclo agrícola, sale de sus pueblos rumbo a Sinaloa, Baja California u otras entidades”. El Colegio de la Frontera Norte afirma que “Tan solo el año pasado, en plena pandemia de Covid-19, unos 200 mil jornaleros abandonaron sus comunidades y pueblos de origen para trabajar en las grandes estancias agropecuarias de los estados norteños y del noroeste del país. El 80.5% de ellos laboró en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa”.
Es decir, que los campesinos pobres y los jornaleros del sur sostienen con su trabajo mal pagado el éxito de la agricultura de exportación del norte.
El estudio “Los efectos del presupuesto en el sector rural”, de la organización civil FUNDAR, dice que la inversión oficial en el campo “tiene dos características: que el 52.7% se concentra en las entidades del Norte y el Occidente del país, específicamente en Sinaloa, Jalisco, Chihuahua, Sonora, Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas (…)” La otra característica es que el resto del financiamiento, menos del 30%, se destina a estados del Sur: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, entre otros.
(Aquí volvemos a comprobar que el sur empobrecido subsidia al norte desarrollado, por supuesto con la ayuda de todos los Gobiernos, incluido el actual). “Además, este financiamiento presenta una alta regresividad, especialmente en FIRA, donde las y los productores de más altos ingresos, que representan el 3.3% de las unidades de producción, recibieron el 59.3% del financiamiento que otorga esa institución”. El abandono de los campesinos pobres y los jornaleros no es un simple error del Gobierno, es un plan premeditado para favorecer la agricultura capitalista a expensas de la de autoconsumo. (Toda la información anterior está tomada del reportaje de Trinidad González, publicado en el semanario Buzos de la Noticia N° 997).
Esta es la feroz realidad del campo y los campesinos, una realidad que no respalda, de ningún modo, los cantos de victoria del presidente por su política de “apoyos directos, sin intermediarios corruptos”, que acaba de desenterrar para consumo de su público cautivo. Antes de terminar, hay dos aspectos más de esta amarga realidad. En un artículo publicado también en Buzos y titulado “Una economía enferma, un país vulnerable”, el Dr. Abel Pérez Zamorano resume así el fruto final de la política agrícola de la 4T: “Tampoco es para regocijarse que las importaciones de alimentos vayan a la alza, no obstante los discursos de soberanía alimentaria, «discursos comestibles»: «La caída en la producción de granos básicos como el maíz, trigo, sorgo y frijol ha propiciado que México registre récords en importaciones de esos productos (…) en los primeros cinco meses del año, el país ha importado 16.7 millones de toneladas de granos básicos, de acuerdo con datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) (…) un incremento histórico de 13.6% en las importaciones de granos y oleaginosas respecto al mismo periodo de 2020 (…)” (El Sol de México, 21 de junio de 2021). ¿A dónde se fueron los éxitos de la política agrícola de la 4T? Solo vemos mayor dependencia alimentaria respecto a EE. UU., peligrosa situación que nos explotará en la cara el día menos pensado.
Finalmente, Homero Aguirre, en su artículo semanal “El grito infantil que nadie oye en la 4T”, dice: “…en palabras del «Reporte Anual 2020 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil», elaborado por el Departamento del Trabajo estadounidense, «Hay menores en México que son sometidos a las peores formas de trabajo infantil, entre ellas la explotación sexual con fines comerciales, a veces como consecuencia de la trata de personas, y a actividades ilícitas, como la producción y el tráfico de drogas. Los niños también realizan tareas peligrosas en la agricultura, entre otras, en la producción de chile, café, caña de azúcar y tomates»”. (Son los pequeños hijos e hijas de los jornaleros trashumantes que laboran en los campos agrícolas del norte sin ningún tipo de protección laboral. ACM). “Los datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI 2019), financiada por el Departamento de Trabajo de los EE. UU. (…) También indican que el 52% de los niños trabajadores realizan trabajos peligrosos y el 25% de los niños trabajadores no asisten a la escuela. (…)”.
Esta dura realidad es la que explica que, últimamente, al presidente lo reciben las masas inconformes con quejas, peticiones y manifestaciones de protesta donde quiera que va. No son las organizaciones corruptas, dolidas porque les quitó los “moches”, como dijo el domingo reciente en Huauchinango, Puebla; son los agraviados por la parcialidad de sus operadores en campo y por el incumplimiento total de sus promesas de ayuda, tal como se lo dijeron de frente los damnificados del huracán Grace. No había por qué meter con calzador a Antorcha Campesina; el presidente solo trató de hurtar el cuerpo a su responsabilidad personal, como lo hace siempre en casos parecidos. Los antorchistas no se esconden nunca cuando salen a protestar; no tienen motivos para hacerlo y prefieren que el país entero sepa de su lucha y de la razón que les asiste. Todos saben esto, y si a pesar de saberlo siguen fingiendo esfuerzo para “descubrirlos” y “denunciarlos”, es porque pretenden usarlos como chivos expiatorios de culpas ajenas. Como en Huauchinango. Y como este sucio juego de manos puede repetirse en circunstancias más graves y comprometidas, creo mi obligación el deslinde claro y definitivo de acciones como la del domingo. Ahora que todavía hay oportunidad de hacerlo. Que conste.
