A fin de sancionar a quienes en situaciones de desastres naturales hacen mal uso de las donaciones con fines de lucro económico o propaganda política, el diputado Francisco Martínez Ibarra presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí.
El objetivo es dotar de facultades al Consejo Estatal de Protección Civil para denunciar ante las autoridades de procuración de justicia el mal uso; lucro económico, y propaganda política que se haga o pretenda hacer en la entrega de los donativos.
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En su exposición de motivos, el legislador indica que los desastres naturales son referencia de pérdidas materiales y en diversas ocasiones también de vidas humanas ocasionadas por eventos o fenómenos imprevistos.
Agrega que durante el 2014 se esperan diversos fenómenos climatológicos que posiblemente afecten al estado de San Luis Potosí, al inicio de la temporada de huracanes y ciclones que se prevé que concluyan el 30 de noviembre del año en curso.
“Por lo que las convocatorias para la recepción de donaciones en especie deben ser realmente humanitarias, y derivado de que en otros estados se ha registrado la venta de los víveres a los damnificados y eso no se debe permitir porque son población en desagracia y lo que requieren es de toda ayuda sin condición, máxime que se trata de alimentos y artículos de primera necesidad, y precisamente por esa cuestión la Ley debe ser clara y precisa en señalar que en cualquier contingencia de desastre natural la ayuda es gratuita”.
Preciso que se tiene conocimiento de que en anteriores desastres naturales, en otras entidades se ha observado la venta de estas donaciones por parte de particulares, por lo cual es necesario establecer en la legislación local la prevención de estas conductas para evitar abusos en contra de la población y estar al pendiente de atender las necesidades de quienes padecen la destrucción de sus hogares a consecuencia de fenómenos climatológicos inesperados.
Esta iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social; y, Vigilancia.
