Con el interés de participar de manera activa y comprometida con la causa de la eliminación de la violencia recurrente o bullying, que se advierte en los ámbitos escolares y se identifica como agresión, acoso, hostigamiento física o psicológicos, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Jorge Vega Arroyo, se trasladó ayer al Distrito Federal para reunirse con los consejeros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los miembros del CEN del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
El fenómeno de violencia en los ambientes escolares en todo el país se ha profundizado y manifestado reite-rativamente, por lo que se determinó actuar conjuntamente las comisiones estatales y nacional defensoras de los derechos humanos, la organización gremial de los maestros de México, así como con las representaciones de los padres de familia, con vistas a frenar esta oleada de violencia interescolar.
Vega Arroyo dijo que el fenómeno será investigado y profundizado por expertos sociólogos y psicólogos, por los pedagogos y, desde luego por las organizaciones de padres de familia y los integrantes de las comisiones, institutos y procuradurías para la defensa y protección de los derechos humanos.
Se trata también de compartir experiencias en esta materia que permitan diseñar las estrategias conducentes para frenar la tendencia de violencia en los ámbitos escolares, identificar sus causas, que se sabe son multifactoriales, y atacar la problemática.
Sin duda se trata de un desafío complejo en el que los participantes deberán realizar sus mejores esfuerzos. El análisis de las causas que generan conductas agresivas entraña una particular complejidad, en la medida en que se involucran aristas multifactoriales, desde la educación y costumbres al interior de los hogares, la influencia externa –que incluye a los medios y difusores de comunicación—, las actitudes de los mentores y maestros, entre otras muchas raíces de esta problemática.
Vega Arroyo informó del interés de la red de comisiones de derechos humanos en México por signar un convenio con las organizaciones magisteriales, como un primer paso para extenderse a las instituciones educativas, públicas y privadas y, desde luego a las asociaciones de paterfamilias.
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