El impacto económico que representa para las instituciones del gobierno federal la atención de las consecuencias y daños generados por el maltrato infantil es de 20 mil millones de pesos, aseguró María Teresa Sotelo, presidenta de la Fundación en Pantalla contra el Maltrato Infantil.
A pesar de los elevados costos, ninguna institución dedica presupuesto para combatir este flagelo, destacó la especialista.
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Esta organización civil que realiza una campaña nacional en televisión y redes sociales contra la violencia infantil, hizo este cálculo al analizar el presupuesto erogado en los últimos tres años por la Procuraduría General de la República, las secretarías de Desarrollo Social, Salud y la Comisión Nacional de Seguridad.
Los costos para cubrir el pago de los daños directos y colaterales provocados por el maltrato ejercido contra los niños mexicanos incluyen, por ejemplo, la investigación y persecución de los delitos, la promoción del respeto a los derechos humanos y el pago de cuota alimenticia para prisioneros.
El estudio sobre El impacto presupuestal en México de los costos derivados del maltrato y abuso infantil indica que para el siguiente año esa suma se elevará a 21 mil 379 millones 966 mil 132 pesos, y para 2050 en 147 mil 839 millones 900 mil 3 pesos si no se hacen campañas de prevención.
Destaca que varios estudios han demostrado los daños directos e indirectos que ocasiona este problema. El Sistema Nacional de Justicia de Estados Unidos, por ejemplo, advierte que el ser víctima de abuso o abandono en la infancia aumenta la probabilidad de arresto por actos delincuenciales en la adolescencia en 59% y en la edad adulta en 29%. La especialista reiteró que “el maltrato, abuso, abandono y negligencia en la infancia son la génesis de los problemas sociales más graves como niños en situación de calle, suicidio, consumo de alcohol y drogas, secuelas de salud irreversibles por daño cerebral, afectación grave en las emociones (…)”.
Explicó que la violencia, si no se detiene a tiempo, tiende a crecer, por lo que primero se emplean los gritos e insultos y luego los golpes y el uso de objetos como alambres y cinturones.
Refirió que estadísticamente, la mayor incidencia y mortandad por golpes graves ocurre en 78% de los casos en niños menores de tres años de edad. Pero agregó que esta cifra se eleva si se considera el subregistro de muertes ocasionadas por omisión de cuidados como la falta de aplicación de vacunas, desnutrición e insalubridad.
Los gastos por agresiones
María Teresa Sotelo indicó que con el fin de contribuir en materia de prevención, elaboró este análisis del impacto presupuestal de los gastos directos, indirectos y colaterales derivados del maltrato infantil y que incluyen los rubros de la salud, la aplicación de la ley, la educación y la delincuencia, entre otros.
En materia de salud, resaltó que el gobierno debe pagar por tratamientos en hospitales para sanar heridas o atender de por vida las secuelas ocasionadas por el abuso.
En el caso de la PGR, indicó que ésta gasta unos 13 mil millones 192 mil pesos en un año para investigar y perseguir delitos del fuero federal, de carácter especial y del crimen organizado; promover el respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito; la investigación académica y para supervisar la aplicación del marco legal.
La Secretaría de Salud destina alrededor de 5 mil 690 millones de pesos en programas de comunidades saludables, de atención a personas con discapacidad, en protección y desarrollo integral de la infancia, en prevención y atención de adicciones, asistencia social y protección del paciente y servicios de atención a población vulnerable.
La Secretaría de Desarrollo Social gasta 963 millones 81 mil pesos en servicios a grupos con necesidades especiales y en programas de apoyo a las instancias de mujeres, de prevención de la violencia contra las mujeres.
En seguridad pública la erogación es cercana a los mil 36 millones 37 mil pesos para prevención del delito, fomento de la cultura de participación ciudadana, implementación de operativos para la prevención del delito y pago de cuota alimentaria por internos del fuero federal en custodia de los gobiernos estatales.
María Teresa Sotelo insistió en que para reducir esos costos y atacar el problema se debe invertir en la infancia a través de acciones como la elaboración de un carnet escolar donde se informe a todos los alumnos de los factores de riesgo y mecanismos de denuncia, la instalación de pabellones multidisciplinarios de atención al maltrato en los hospitales del sector salud, la creación de un organismo nacional con facultades jurídicas y reglamentarias que coordine programas integrales y la expedición de una ley de prevención, atención y sanción al maltrato y abuso infantil.
