El presidente Enrique Peña Nieto aseguró ayer que “transformar el sistema tradicional penal es el reto más grande de los últimos cien años de actividad jurídica en nuestro país”.
Valoró que para superarlo se necesita “romper inercias, tener una mente abierta al cambio y sobre todo concretar en el plazo constitucional establecido los cambios legales e institucionales que se requieren y este plazo se agota en el año 2016”.
Urgió al Congreso de la Unión a aprobar las iniciativas de ley sobre mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y la iniciativa de Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales.
Explicó que con la aprobación de estas iniciativas, las entidades federativas podrían aplicar cabalmente el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En su gira, al mandatario le fue solicitada su ayuda por parte de una señora de la tercera edad que desconoce el paradero de sus nietos. El jefe del Ejecutivo ofreció enterarse de la situación para poder ayudarla.
Al inaugurar la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, destacó que el nuevo modelo de justicia penal protege las garantías de todas las personas y sus beneficios serán percibidos en todo el país en 2016.
“Para que esta reforma se sienta en el día a día de los mexicanos, más allá de contar con nueva infraestructura, se requiere de nueva mística. Este nuevo modelo exige mayor profesionalismo e integridad de policías, peritos, jueces y abogados”.
Hizo un reconocimiento a los estados que han iniciado la implementación del nuevo sistema de justicia penal y reiteró que el gobierno federal apoyará y respaldará a las entidades que aún no lo ponen en marcha para que en dos años el sistema se ejerza por completo en todo el país.
Afirmó que la reforma constitucional penal de 2008 marcó el inicio de una nueva etapa en la vida jurídica de México. “Se trata de un nuevo modelo penal adversarial y oral, diseñado para hacer pleno el derecho a una justicia expedita, imparcial y transparente, como lo mandata nuestra Constitución”.
Añadió: “Es un modelo que privilegia la calidad de la justicia y protege las garantías jurídicas de toda persona, al ubicarlas en el centro del proceso penal”.
Acompañado en el presídium por el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam; del gobernador de Yucatán y el jefe de la región militar, el general Jesús Castillo, el mandatario dijo que la PGR, procuradurías locales y fiscalías son parte de una nueva generación de servidores públicos a la que corresponde enfrentar el nuevo desafío de procurar justicia y cambiar de fondo las dependencias de impartición de justicia.
“Debemos asegurarnos que las procuradurías y fiscalías cumplan con su deber de representación social. Estoy seguro que vamos a construir el México en paz que todas las familias mexicanas exigen y merecen”, señaló.
El mandatario inauguró también las instalaciones el Centro de Justicia Oral de Mérida, en cuya construcción se invirtieron 190 millones de pesos.
Con ello, Yucatán está en condiciones de poner en marcha plenamente, a partir del próximo martes 3 de junio, el nuevo Sistema de Justicia en todo su territorio.
Yucatán se convierte así en la cuarta entidad de la República en implementar el Sistema de Justicia Oral, junto con el Estado de México, Chihuahua y Morelos.
Después de develar la placa de la inauguración, el mandatario realizó un recorrido por las instalaciones.
El Centro de Justicia Oral de Mérida cuenta con 24 mil metros cuadrados de construcción, y está dotado con avanzada tecnología de punta de audio y video. Tiene un área de medidas cautelares, entre las cuales se cuentan los brazaletes electrónicos para personas que los jueces consideren que pueden ser procesados en libertad.
