A fin de que las contralorías internas de los municipios se conviertan en organismos autónomos e independientes, el diputado Alfonso Díaz de León Guillén, presidente de la Comisión de Vigilancia, indicó que presentará próximamente ante el pleno una iniciativa de reforma a la legislación estatal en la materia.
Destacó que con esta propuesta se busca otorgar independencia a las contralorías municipales para fincar responsabilidades ante malos manejos de recursos públicos por parte de funcionarios municipales, y que pueda hacer efectivas las sanciones que impone.
“Hoy vemos que el Auditor Superior del Estado nos indica que hay 337 casos de responsabilidad contra funcionarios municipales dentro de los años 2006 a 2011 y finalmente el 80 por ciento de esas sanciones se tienen que dar por parte de las contralorías, lo cual no han hecho y la intención es precisamente que las contralorías internas detecten en cualquier momento la mala aplicación de los recursos públicos y no como actualmente sucede que se tardan años, puesto que la Auditoria Superior del Estado revisa la cuenta pública un año después y las sanciones son realmente tardadas”, indicó.
Explicó que también esta iniciativa propone que el nombramiento no recaiga en el presidente municipal en turno, ya que se llevará por medio de un procedimiento específico y su duración en el cargo será de 4 años, de manera que no coincida con la administración municipal.
“Así los contralores internos serán independientes y serán profesionales en el tema y que no tengan que ver con ningún partido político y que sus sueldos sean pagados no por los presidentes municipales sino que sea un órgano externo autónomo y con recursos propios para tener transparencia en el manejo de los recursos públicos y esto ayudaría a para que hubiera prevención para un buen manejo de los recursos públicos”, dijo.
Señaló que este es un esquema que ha dado buenos resultados en el municipio de Querétaro, donde las contralorías son independientes y su duración es de 4 años, lo que les ha permitido dejar firmes sanciones contra funcionarios que han hecho una mala aplicación de los recursos y se ha logrado dar eficiencia en los programas que manejan.
