Buscan garantizar la seguridad de migrantes

El Congreso del Estado, está comprometido a redoblar los esfuerzos para coadyuvar con las autoridades federales y locales, para garantizar la seguridad de los migrantes que transitan por la entidad, bajo una política con visión humanitaria y de pleno respeto a los derechos humanos de las personas.
Así lo consideró la Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí, luego de reconocer que la entidad debe ser un lugar de tránsito seguro para las personas que buscan mejorar su calidad de vida emigrando a otros países.
Para ello, indicó que deben implementarse estrategias que brinden asesoría legal y humanitaria, para prevenir que las bandas del crimen organizado cometan secuestros, abusos sexuales, lesiones, desapariciones, violaciones y trata de personas contra las mujeres migrantes.
De igual manerase dijo que para lograr un respeto pleno a los derechos de migrantes, se tiene que castigar también las policías municipales, estatales y federales que cometan abusos contra este sector.
“Los niños y adolescentes migrantes que se encuentren en el estado deberán recibir educación, tener accesos a servicios de salud y alimentación, ayuda psicológica, apoyo jurídico y en caso de tener que residir en el país, un techo seguro”.
San Luis Potosí está comprometido a respetar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Migrantes y las disposiciones de la Convención de Viena.Para ello, se deben crear campañas para informar al migrante, para que sepa hacia dónde dirigirse en caso de abusos.
Recientemente transitaron por suelo potosino unos 1,200 migrantes centroamericanos que se dirigían a Saltillo, Coahuila, en la denominada caravana Viacrucis del Migrante, exigiendo poner fin a lo que ellos denominaron un “trato cruel e inhumano que le dan a los migrantes que transitan por México”.
Se informó que el 95 % de personas que cruzan por la entidad para llegar a Estados Unidos, son de nacionalidad hondureña y el resto se divide entre salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses y de otras nacionalidades, según revela la Comisión Estatal de Derechos Humanos.