Empresarios denuncian red de extorsión y presiones ilegales en el Ayuntamiento capitalino
El sector empresarial destapó una red de corrupción que, según diversas fuentes, operaba al interior del Ayuntamiento; la estructura habría sido dirigida por el alcalde Enrique Galindo Ceballos y su ahora exdirector de Protección Civil Municipal, Adrián Cortázar Ruiz
La inconformidad del sector empresarial terminó por destapar una red de corrupción que, según diversas fuentes, operaba al interior del Ayuntamiento de San Luis Potosí. La estructura habría sido dirigida por el alcalde Enrique Galindo Ceballos y su ahora exdirector de Protección Civil Municipal, Adrián Cortázar Ruiz, quienes enfrentan señalamientos por presuntos cobros ilegales a empresarios locales.
Representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) confirmaron que durante meses se acumularon denuncias sobre extorsiones y abusos en la expedición de licencias de funcionamiento. De acuerdo con los afectados, los pagos no oficiales se convirtieron en una práctica recurrente y obligatoria para operar con normalidad.
Los empresarios aseguran que las oficinas de Protección Civil se transformaron en un punto de presión económica, donde los permisos dependían del cumplimiento de “cuotas” arbitrarias. En caso de negarse, los negocios eran sometidos a clausuras injustificadas, sanciones desproporcionadas o visitas intimidatorias de supuestos inspectores.
La situación se volvió insostenible cuando un grupo de empresarios, cansados de los abusos, decidió unir fuerzas y elevar las quejas hasta el despacho del propio alcalde. La presión mediática y política fue tal que Enrique Galindo Ceballos terminó por destituir a Adrián Cortázar Ruiz, intentando frenar el escándalo que ya amenazaba con rebasar su administración.
Sin embargo, la destitución fue interpretada más como un intento de control de daños que como un acto de rendición de cuentas. Hasta ahora, el Ayuntamiento no ha informado sobre la apertura de alguna investigación interna ni de procedimientos administrativos contra otros posibles implicados en la red de corrupción.
Diversos sectores han cuestionado el papel del alcalde capitalino, pues consideran que un esquema de este tipo no pudo operar sin conocimiento de los altos mandos. Las críticas apuntan a la falta de transparencia y al uso político de las instituciones municipales, donde la corrupción se camufla bajo el discurso de la modernización y el orden urbano.
Mientras el alcalde Enrique Galindo Ceballos intenta justificar la remoción de su funcionario como una “acción correctiva”, empresarios y ciudadanos exigen sanciones ejemplares y la devolución de los recursos presuntamente obtenidos por medio de sobornos. La CANIRAC ha solicitado garantías para que los negocios puedan operar sin temor a represalias.
El caso ha profundizado la crisis de credibilidad del Ayuntamiento capitalino. La percepción generalizada es que la administración privilegia los intereses privados sobre el cumplimiento de la ley, en un contexto donde la corrupción institucionalizada parece más fuerte que la voluntad política por erradicarla.
