Por: El Diablo Cojuelo
MIEDO– La delincuencia en San Luis Potosí capital parece operar con calendario propio, mientras la administración municipal, encabezada por el alcalde viajero Enrique Galindo, permanece más preocupada por tomarse fotos que por gobernar. Esta vez, motonetos aprovecharon la “pachorra” policial para asaltar una sucursal de Steren en plena avenida Venustiano Carranza. Este robo no es aislado; forma parte de un patrón repetido de atracos relámpago sobre dos ruedas, sin reacción oportuna de la Policía Municipal. Siete de cada diez potosinos se sienten inseguros, y con razón: los patrullajes son escasos, las detenciones mínimas y la prevención nula. La ciudad vive bajo la sombra de la impunidad, donde hasta los rateros tienen rutas y horarios establecidos. ¿Dónde están las cámaras del C5i2? ¿Dónde los operativos sorpresa? Cada robo es un fracaso del gobierno local. Mientras no se actúe con contundencia, seguirá habiendo 100 maneras de robar… y ninguna para proteger al ciudadano.
TARIFAS– El 10 de mayo, fecha emblemática para muchas familias mexicanas, se repite año con año una escena de frustración y abandono en diversos puntos de la capital potosina: madres solas o acompañadas por sus familias que esperan, sin éxito, abordar un taxi. Durante un recorrido realizado por avenidas principales y el Centro Histórico, fue evidente la dificultad para conseguir un transporte público disponible. A pesar del alto flujo de personas en esta fecha, la mayoría de los taxis circulaban ya ocupados, dejando a decenas de usuarias haciendo señales de “parada” en vano. A ello se sumó una inexplicable disminución en la frecuencia y número de unidades de autobuses urbanos, lo que agudizó aún más el problema. Las plataformas de transporte privado, por su parte, aprovecharon el aumento en la demanda para elevar considerablemente sus tarifas, sin que exista una regulación efectiva que frene estos abusos. La movilidad en días clave como este debería estar garantizada, no condicionada al lucro o a la falta de previsión del sistema.
SIMULACIÓN – La reciente activación del Operativo Tlalóc por parte de las autoridades municipales tuvo como objetivo brindar seguridad vial ante la ligera lluvia registrada en las principales avenidas de la ciudad. Las zonas centro, sur, norte y oriente reportaron precipitaciones pasajeras que apenas refrescaron el ambiente. Aunque la medida busca prevenir accidentes y garantizar la circulación vehicular, es evidente que este tipo de acciones no resuelven de fondo la vulnerabilidad de la ciudad ante lluvias más intensas. El operativo parece más una estrategia reactiva que una política preventiva, dejando sin atender las verdaderas necesidades de infraestructura pluvial. Además, la lluvia resultó totalmente insuficiente para atender la grave sequía que afecta al campo potosino, lo que subraya la urgencia de planes integrales de gestión hídrica que contemplen desde obras de captación hasta medidas agrícolas sostenibles. La ciudad requiere más que rondines viales cada vez que caen unas gotas.
ALERTA – San Luis Potosí enfrenta una epidemia silenciosa: la maternidad adolescente. Cifras del INEGI revelan que el 14% de los nacimientos registrados en 2023 correspondieron a madres menores de 20 años. Eso equivale a 2 mil 277 niñas y jóvenes entre 10 y 17 años que dieron a luz, muchas veces en contextos de violencia, desinformación y abandono institucional. Lo más alarmante es que 143 de esos nacimientos ocurrieron entre niñas de 10 a 14 años, lo que debería ser tratado como emergencia nacional. Pero el silencio institucional es ensordecedor. ¿Dónde están las campañas de prevención? ¿Dónde los programas integrales de salud sexual y reproductiva? Cada embarazo infantil implica una historia de exclusión, falta de educación y, en muchos casos, de abuso. La maternidad debe ser una decisión, no una consecuencia trágica. Urge un Estado que proteja a sus niñas, no uno que las deje criar hijos cuando aún deberían jugar en el recreo.
AUSENCIA– La Comisión Nacional del Agua (Conagua) acumula ya más de quince días sin actualizar el monitoreo de las presas en el estado de San Luis Potosí, siendo el 23 de abril la última fecha registrada en sus plataformas oficiales. Esta omisión representa una falta grave de responsabilidad institucional, especialmente en medio de una prolongada crisis hídrica. La población, el sector agrícola y diversas dependencias necesitan datos actualizados para tomar decisiones estratégicas, pero la ausencia de esta información alimenta la incertidumbre y debilita la planeación de políticas públicas. Mientras se anuncian lluvias pasajeras y operativos temporales, el verdadero problema radica en la falta de gestión, de inversión y de voluntad política para transparentar la situación real del agua en el estado. Conagua debe cumplir con su obligación legal de informar y rendir cuentas, no solo cuando hay presión mediática, sino de forma continua y confiable.
ELECTORALES – En el marco de los procesos electorales en México, es fundamental reiterar que prácticas como comprar el voto, condicionar un servicio público, recoger credenciales de elector o utilizar recursos públicos con fines partidistas, constituyen delitos electorales federales. Estos actos atentan contra la democracia, vulneran los derechos ciudadanos y perpetúan una cultura de impunidad que impide el desarrollo institucional. La ley es clara, y los organismos electorales, así como las fiscalías especializadas, deben actuar con firmeza y sin distinción de colores partidistas para sancionar a los responsables. El discurso de “cero tolerancia” debe pasar del enunciado a la acción efectiva. Solo así será posible construir una ciudadanía confiada en el sistema democrático, donde el voto libre y secreto sea verdaderamente respetado, y los recursos públicos se administren con legalidad y ética durante las campañas.
CUENTOS– Luis Potosí con más de sesenta años donde especialistas han alertao alertado sobre la extenuación progresiva de los acuíferos, el avance de la contaminación en fuentes de agua profundas y la falta de planificación hídrica sostenible. Sin embargo, los diagnósticos han sido sistemáticamente ignorados por los tomadores de decisiones. Las promesas políticas emergen durante las campañas o en medio de emergencias, pero se desvanecen tan pronto como pasa el momento mediático. Mientras tanto, la ciudadanía se enfrenta, entre resignación y escepticismo, a la normalización de la escasez de agua potable y al uso de esta problemática como herramienta de confrontación política en lugar de solución técnica. San Luis Potosí necesita romper con este ciclo de omisión institucional, inversión insuficiente y demagogia ambiental, y apostar de forma decidida por políticas públicas de largo plazo que garanticen el derecho humano al agua.
