Por: El Diablo Cojuelo
SECO– El más reciente informe del SMN con corte al 15 de abril advierte una preocupante expansión de la sequía en San Luis Potosí: 47 municipios ya registran algún grado de afectación. Aunque el 51.2% del territorio estatal aún está libre de esta condición, el 36.3% se encuentra “anormalmente seco” y un 12.5% ya presenta sequía moderada, lo que pone en riesgo cultivos, cuerpos de agua y favorece los incendios. Este fenómeno avanza con rapidez; apenas el 31 de marzo solo 31 municipios estaban en esta situación. La sequía no es solo un problema rural: es una bomba de tiempo que amenaza el abastecimiento urbano, como ocurre en la zona afectada por la falla de El Realito. La falta de lluvias y las altas temperaturas son síntomas del cambio climático, pero la falta de políticas contundentes de mitigación e infraestructura hídrica agravan el panorama para miles de potosinos.
CONTRATOS– La delegación del IMSS en San Luis Potosí enfrenta nuevos señalamientos de corrupción, ahora en el área de adquisiciones. Las denuncias apuntan directamente a Miguel Ángel Lara Hernández, supervisor de Proyectos E2, por presuntamente filtrar información a empresas privadas para favorecerlas en los procesos de adjudicación, principalmente en contratos de medicamentos. Este tipo de actos vulnera la transparencia institucional y pone en entredicho la calidad del servicio médico, ya que prioriza intereses privados por encima de la salud pública. La delegada Angélica Cristina Rodríguez debe rendir cuentas y abrir una investigación contundente. Es alarmante que en una institución clave para la atención de la población más vulnerable se repitan estos patrones de opacidad. De comprobarse, se trata no solo de un delito administrativo, sino de una traición a la confianza pública que exige sanciones ejemplares. El IMSS no puede seguir tolerando esquemas de corrupción dentro de sus estructuras.
VANDALISMO– El vandalismo en la capital potosina ha adquirido una nueva forma de afectar a la ciudadanía: cortes intencionales en los circuitos de alumbrado público, especialmente en el Centro Histórico. Christian Iván Azuara, director de Servicios Municipales, ha confirmado que no se trata de robos de infraestructura, sino de sabotaje directo. Las afectaciones no solo generan inseguridad en zonas turísticas y de convivencia, sino que también implican costosas reparaciones. Hasta el momento se ha detenido a cinco personas, pero los daños abarcan circuitos completos. Las autoridades deben investigar si estos actos responden a conflictos con grupos criminales o simplemente son actos aislados. De cualquier forma, el resultado es el mismo: una ciudad más vulnerable y ciudadanos expuestos. La Fiscalía General del Estado debe tomar con seriedad estos hechos y proceder conforme a la ley. Los potosinos merecen caminar por calles seguras, bien iluminadas y con servicios públicos funcionales.
INSEGURIDAD– Según la ENSU del INEGI, la percepción de inseguridad en San Luis Potosí capital subió del 71.9% en diciembre de 2024 al 72.4% en marzo de 2025. A primera vista, el aumento de 0.5% parece mínimo, pero si se compara con marzo de 2024, cuando era de 65.7%, el incremento es preocupante: 6.7 puntos porcentuales en un año. La sensación de inseguridad no es solo una cifra; es el reflejo de una ciudadanía que no se siente protegida ni en su hogar ni en la calle. A pesar de operativos y discursos, la confianza en las instituciones de seguridad sigue deteriorándose. La Guardia Civil Estatal, la Policía Municipal y las fuerzas federales deben coordinarse de mejor forma, con estrategias de proximidad y prevención. Mientras no haya resultados tangibles, la percepción negativa crecerá. La seguridad no puede ser un tema de estadísticas manipuladas, sino de realidades atendidas.
TRANSPORTE-El caos en el servicio de taxis en la capital potosina refleja la falta de control por parte de la SCT. Usuarios denuncian unidades en mal estado, cobros abusivos, alteración de taxímetros y omisión total del uso de los mismos. Aunque las autoridades reaccionan con operativos esporádicos, la irregularidad vuelve apenas pasan unos días. ¿Dónde está el monitoreo constante? ¿Quién protege al usuario? La ciudadanía está cansada de un sistema de transporte público arcaico y mal regulado. Hace falta voluntad política para retirar concesiones a quienes incumplen y establecer plataformas de monitoreo transparente. También urge profesionalizar el servicio y habilitar canales de denuncia eficaces. El descontrol actual solo favorece a los concesionarios irresponsables y afecta a quienes diariamente necesitan moverse en una ciudad que, irónicamente, presume de ser moderna y conectada. La movilidad debe garantizarse con eficiencia, seguridad y tarifas justas, no con improvisación.
REALITO– San Luis Potosí capital llegó al quinto día consecutivo sin agua del sistema de El Realito. Colonias como Jardines del Sur, Azteca y Ciudad 2000 están entre las más afectadas. Aunque Interapas ha activado planes de atención con pipas y pozos de reserva, la falta de agua es una constante desesperante para miles de familias. ¿Cuántas veces más colapsará El Realito? ¿Dónde están las inversiones prometidas para renovar su infraestructura? No se trata solo de un fallo técnico, sino de una crisis estructural de planeación hídrica. La ciudadanía exige soluciones a largo plazo, no parches temporales. La distribución de agua es un derecho básico que no puede depender de un sistema obsoleto y frágil. Las autoridades estatales y federales deben priorizar proyectos sustentables para garantizar el abasto. Mientras tanto, la población sigue esperando con cubetas en mano, en pleno siglo XXI.
VIVIENDA– El precio promedio del metro cuadrado de vivienda en San Luis Potosí alcanzó los 26 mil 429 pesos en marzo, según AMPI. Esto representa un incremento notable respecto al mes anterior, impulsado por la inflación y la incertidumbre económica. Aunque se ubica por debajo del promedio nacional, SLP es una de las ciudades más caras del Bajío. Las viviendas de nivel medio oscilan entre 1.5 y 2.2 millones de pesos, mientras la demanda se concentra en vivienda de interés social, que simplemente no existe en la oferta actual. El mercado se ha vuelto excluyente para muchas familias potosinas. Las instituciones de crédito han promovido esquemas conjuntos, pero no todos pueden acceder. El Gobierno debe incentivar desarrollos de interés social y regular el mercado. No se puede seguir privilegiando la plusvalía sobre la necesidad de techo digno. La vivienda no debe ser un lujo, sino un derecho.
NADIE– El hallazgo de dos cuerpos con huellas de violencia en la colonia Arbolitos vuelve a encender las alarmas sobre la violencia en San Luis Potosí. Los cadáveres fueron encontrados al mediodía en un terreno baldío cercano al bulevar Rocha Cordero. Las autoridades ya iniciaron investigaciones, pero la impunidad sigue siendo el común denominador. La presencia de la Guardia Civil, la Policía Municipal y el Ejército Mexicano refleja la gravedad del caso, pero también la falta de control territorial. ¿Qué está haciendo la Fiscalía para prevenir estos asesinatos? ¿Dónde están los programas sociales que podrían evitar que jóvenes terminen en estos escenarios? San Luis Potosí está dejando de ser una ciudad tranquila y se convierte en un escenario más de la violencia nacional. La respuesta institucional debe ir más allá del acordonamiento y la declaración. Se necesitan resultados, justicia y un cambio de rumbo urgente.
