El área fue inspeccionada por elementos del agrupamiento “Zorros” especializados en explosivos
En un episodio que volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en los planteles educativos, este lunes se registraron, al menos, tres explosiones hace apenas unas horas atrás dentro de la Escuela Nacional Preparatoria No. 5 «José Vasconcelos» de la UNAM, ubicada en Calzada del Hueso, alcaldía Tlalpan; dos detonaciones fueron una en un salón, otra en el gimnasio y otra en el Cubo. Ante el suceso, autoridades de la Prepa 5 desalojaron inmediatamente a las y los estudiantes, docentes y personal administrativo.
A pesar de que imágenes y reportes en redes sociales confirmaban la gravedad del incidente —instalaciones dañadas, fuerte movilización policiaca y la presencia del equipo antibombas conocido como los «Zorros»—, tanto la dirección de la preparatoria como la propia UNAM han optado por el silencio, lo cual pone en evidencia un preocupante vacío en los protocolos de seguridad y una notable ausencia de comunicación por parte de las autoridades universitarias.
Hasta el cierre de esta nota, no se ha emitido ningún comunicado oficial que informe a la comunidad sobre las causas exactas, las medidas preventivas adoptadas o los posibles responsables.
Se ha especulado que las detonaciones fueron causadas por petardos o cohetones, una versión que, aunque menos alarmante que la inicial, no resta gravedad al hecho. El uso de explosivos de cualquier tipo en un espacio educativo representa un riesgo inadmisible y resulta sumamente preocupante la falta de información transparente que permita dimensionar lo ocurrido y prevenir futuros incidentes.
Lo sucedido en Prepa 5 no es un caso aislado. Se suma a una creciente lista de eventos violentos, amenazas y situaciones de riesgo que han tenido lugar en distintas sedes de la UNAM en los últimos años. El patrón es claro: explosiones, amenazas, tomas, agresiones y, como constante, la tardía o nula respuesta institucional.
Además, este nuevo episodio ocurre en un clima enrarecido por el acoso y el hostigamiento hacia estudiantes activistas dentro del plantel. Diversas denuncias han señalado un ambiente de represión sutil —y a veces abierta— hacia quienes se organizan para exigir mejores condiciones, denunciar violencias de género o promover derechos estudiantiles como son los comedores a precios accesibles; esto fue evidente con las expulsiones a 5 activistas el año pasado. El contexto de tensión y persecución política agrava aún más lo sucedido: no se trata solo de una falla en seguridad, sino de una muestra de cómo el abandono institucional puede incubar escenarios peligrosos, especialmente cuando las voces críticas son ignoradas o acalladas.
Recientemente el 7 de abril hubo una amenaza de bomba, ante la cual medios de comunicación señalaban a «estudiantes» como los responsables, como una clara línea de criminalización; las autoridades aseguraron que las instalaciones eran seguras reanudado las clases el 8 de abril.
Cabe cuestionarse, entonces: ¿Qué mecanismos de seguridad operan en los planteles de la UNAM? ¿Por qué, en pleno 2025, no existe un protocolo claro, conocido y ejecutado ante eventos de esta naturaleza? ¿Por qué los estudiantes y docentes se enteran de los riesgos y posibles peligros a través de redes sociales y no por canales oficiales?
Mientras tanto, la comunidad educativa sigue expuesta, entre el miedo y la incertidumbre. El silencio de las autoridades, más que una estrategia de prudencia se percibe como una omisión peligrosa. Es urgente que la UNAM, como la máxima casa de estudios del país, asuma su responsabilidad en la protección de sus alumnos y garantice entornos seguros, con medidas preventivas reales y respuestas inmediatas ante situaciones de emergencia.
La comunidad espera respuestas y, sobre todo, acciones.
