Operativos en EE.UU. dejan más de 5 mil 500 migrantes detenidos. Pese a que los migrantes detenidos son calificados de “criminales”, muchos de ellos carecen de antecedentes penales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado las detenciones de migrantes indocumentados en las principales ciudades del país, sumando más de 5,500 arrestos en las primeras dos semanas de su mandato. Aunque el gobierno los califica como “criminales”, muchos de los detenidos no tienen antecedentes penales y han denunciado abusos por parte de las autoridades migratorias.
Las redadas, realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), han tenido lugar en al menos una decena de ciudades, incluyendo Nueva York, Los Ángeles y Chicago. En un cambio respecto a la administración anterior, ICE ha comenzado a divulgar cifras diarias de arrestos y ha resaltado el perfil de algunos detenidos en la plataforma X, donde ha identificado 21 casos específicos, casi todos de origen latinoamericano.
El gobierno de Trump ha anunciado planes para aumentar la capacidad de detención de migrantes, con la intención de utilizar bases militares como centros de retención. Entre las medidas más controversiales, se ha ordenado la construcción de un centro de detención en Guantánamo con capacidad para 30,000 personas, mientras que en Colorado se están preparando instalaciones temporales en una base de la Fuerza Aérea en Aurora.
La Casa Blanca ha declarado que los más de 11 millones de migrantes indocumentados en el país son considerados “criminales” por el simple hecho de haber violado leyes migratorias. Sin embargo, datos filtrados a NBC News revelan que solo el 52% de los detenidos en el operativo más grande hasta ahora tenían antecedentes penales.
Además, han surgido múltiples denuncias de abusos y arrestos erróneos. En Nueva Jersey, un ciudadano puertorriqueño fue detenido durante una redada y liberado solo después de demostrar su ciudadanía. En Ohio, un migrante con visa U, otorgada a víctimas de delitos que colaboran con las autoridades, también fue detenido temporalmente a pesar de su estatus legal.
La intensificación de estas medidas ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y activistas, quienes advierten sobre el impacto de estas políticas en las comunidades migrantes y la posibilidad de que se vulneren derechos fundamentales.
