Una apuesta por el Derecho Humano a la Ciencia
Comenzaremos con un poco del contexto histórico acerca de la política pública científica en México, desde 1982 al 2018. En ese periodo se impulsó la categorizada como ciencia neoliberal, que se refiere a la política pública relacionada con los cambios que experimentó el mundo debido a la reconcentración del poder y la mercantilización de todas las esferas de la vida. Se basó en la idea de que la competitividad y la libre competencia son mejores que cualquier otro condicionante para el desarrollo económico y dado que la tecnología es un poderoso motor del desarrollo se impone esa directriz en la política pública científica.
A manera de ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, (PND) (Diario Oficial de la Federación 2013) se definió la Meta Nacional III, México con Educación de Calidad y proclamaba “garantizar un desarrollo integral de todos los mexicanos para así contar con un capital humano preparado que sea fuente de innovación y mayor bienestar de la población”.Hablar del capital humano en ese contexto exhibe con claridad el sesgo neoliberal de ese plan, que cada trabajador-investigador sea empresario de sí mismo, su propia fuente de ingresos y su propio productor.
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Sin embargo, la crítica hacia ese modelo fue que el paradigma productivista en que se inscribe acabará de incrementar el abismo entre la sociedad y los individuos beneficiarios del capital humano.
La idea del capital humano, el investigador como investigador-empresario de sí mismo, fue apuntalado con el diseño de las competencias como modelo educativo en las universidades públicas que se impuso desde inicio de siglo, apoyado por organismos internacionales como la OCDE.
En el modelo de competencias, por ejemplo, en las universidades politécnicas generadas a inicios de siglo se buscaba eliminar la barrera entre la universidad y la empresa. Con el objetivo de aumentar la posibilidad de empleo para los jóvenes profesionistas se alimentó el tótem de que entrar a la empresa privada era una especie de parnaso laboral. Es una aplicación muy pequeña de la ciencia con escasa articulación hacía políticas sociales encaminadas a combatir pobreza, hambre y exclusión social y encaminadas a la reproducción del capital global como un camino de desarrollo.
Ahora, en el contexto contemporáneo acerca de la nueva política pública científica en México (del 2018 a la fecha…) se presume un rompimiento con esa política publica y se expresa el Derecho Humano a la Ciencia en el marco de La nueva ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación (HCTI) promulgada en 2023. En breve, su apuesta es de Derechos Humanos, particularmente el Derecho Humano a la ciencia que debe entenderse como el derecho a participar en el progreso científico, a disfrutar de los beneficios que resulten de este y el derecho a disfrutar de la protección de los intereses morales y materiales que correspondan por razón de las producciones científicas.
Por ello es relevante una política científica, rigurosa epistemológicamente que busque llegar a la incidencia social. Entonces la ciencia en su rigor como búsqueda de conocimiento, pero siempre con la idea de política pública hacia el beneficio social.
¿Qué es el rigor epistemológico en la ciencia? Es aplicar el método científico en coherencia con sus propios razonamientos y conceptos. Al margen de ideas metafísicas, que es conocimiento de otro orden. Y ese rigor debe reportar un beneficio social a la mayor cantidad de personas en medio del principio precautorio ante los nuevos desarrollos de conocimientos.
La ciencia “encapsulada” en unas cuantas cabezas y/o manos tiende a reproducir las desigualdades, por lo tanto, es relevante el acceso universal a la ciencia, un ejemplo de ello es la divulgación.
La divulgación que es un “misil” que se dirige desde la ciencia básica y/o la aplicada hacía un amplio espectro de la comunidad local, nacional o global no solo lo hace con el objetivo de impactar en el crecimiento de las personas sino como una especie de arma para una sociedad que tendrá que enfrentar problemas emergentes, por ejemplo, la reciente pandemia de covid o el agotamiento de los acuíferos en ciudades y pueblos.